IAONNON FABIAN ADRIAN s/ROBO -CAUSA N° 570-

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 13 y luego Fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal).

¿A quién se demanda?

Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 13 y Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (resoluciones impugnadas en la causa IANNON, FABIAN ADRIAN s/ robo, causa 570).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de la constitucionalidad del artículo 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación, incorporado por la ley 24.826, que regula la instrucción sumaria a cargo del fiscal.

¿Qué se resolvió?

Se propone que la Corte declare admisible la queja, deje sin efecto la decisión de la Cámara de Casación que consideró mal concedido el recurso de inconstitucionalidad, y ordene a esa Cámara un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión constitucional. La Procuración no se pronuncia de modo definitivo sobre la validez del artículo 353 bis, sino que sostiene que es constitucionalmente válido y que el Tribunal Oral no debió declarar su invalidez.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la resolución impugnada, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 353 bis del Código Procesal, ocasiona a este Ministerio Público un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, puesto que para cuando tenga lugar el dictado de la sentencia definitiva de la causa el sumario se encontrará ya completamente sustanciado sin que el Ministerio Público haya podido ejercer la facultad cuya constitucionalidad se cuestiona."

"...la Cámara de Casación omitió entonces hacerse cargo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que admite tal equiparación de las decisiones que producen un agravio de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior..."

"...no se verifica lesión alguna a las garantías constitucionales mencionadas en el marco de la regulación procesal propuesta por el artículo 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación."

"...la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y, en caso de duda, debe estarse por su constitucionalidad."

Nota: el dictamen fundamenta la validez del artículo 353 bis en la división de poderes, el artículo 120 de la Constitución Nacional, la ley 24.946 y la doctrina de Goldschmidt sobre separación entre investigación y control jurisdiccional.