Juan Carlos Conti c/ Ford Motor Argentina S.a.

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Conti.

¿A quién se demanda?

Ford Motor Argentina S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de indemnizaciones derivadas del distracto y de salarios pendientes.

¿Qué se resolvió?

la Corte confirmó la sentencia apelada en lo que fue materia de recurso, con costas. Los fundamentos son los del Procurador General, a los que el Tribunal se remitió por razones de brevedad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El arto 11 de la ley 21.400, en cuanto autorizaba al empleador de un trabajador puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de conformidad con lo establecido en el arto 23 de la Constitución Nacional a 'decidir el cese de la relación laboral', sin derecho a indemnización para éste, una vez transcurrido el plazo de tres meses en el cual debía conservarle el empleo, afecta la protección contra el despido arbitrario consagrada en el arto 14 nuevo de la Constitución Nacional y, al mismo tiempo, establece una irrazonable diferencia entre quienes se encuentran en condiciones análogas, desvinculada de la situación de emergencia que, con esa disposición, entre otras, se decía enfrentar."

"No basta que la ley determine una causa específica para que, por esa sola razón, el distracto unilateral dispuesto por el empleador no revista aquel carácter. Vale decir que, cuestionada con base constitucional la norma de que se trate, corresponde a los jueces examinar su razonabilidad y la de la situación a que se refiere como eximente de la responsabilidad resarcitoria, a fin de establecer si la disposición atacada no burla la aludida garantía."

"No advierto razón alguna, vinculada a esa situación, que justifique despedir sin indemnizar al trabajador detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, haciéndole objeto de un trato sustancialmente distinto y más gravoso que aquel al que se halla sujeto el dependiente detenido por otros motivos."

"[L]a situación del trabajador detenido a disposición del Poder Ejecutivo no difiere, desde el punto de vista del derecho del trabajo, de la de quien se encuentra privado de su libertad por denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso promovido de oficio, contemplada en el arto 224 del Régimen de Contrato de Trabajo."

"Reiteradamente V.E., ha resuelto que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, pero también ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta iniquidad."

Sobre el precedente de Fallos 304:1416, el dictamen sostiene que el argumento de los "otros supuestos de suspensión" no es comparable, porque en los arts. 214, 215 y 217 de la LCT el empleador no puede despedir sin indemnizar mientras dure la causa de suspensión, y el art. 211 se aplica a todos los trabajadores en la misma situación, sin discriminación.