GIMENEZ ZAPIOLA VIVIENDA S.A. c/ BUENOS AIRES PROVINCIA DE s/DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Giménez Zapiola Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires. Terceros citados: escribanos Ricardo F. Ungaro, Eduardo A. Ricaldoni y Carlos M. D'Alessio.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reparación de daños y perjuicios derivados de inexactitudes del Registro de la Propiedad Inmueble provincial, que indicó como titular de dominio a quien no lo era, frustrando la garantía hipotecaria de un mutuo de $165.000.000 (ley 18.188).

¿Qué se resolvió?

hacer lugar a la demanda y condenar a la provincia a pagar $308.530,20 con intereses (6% anual hasta el 1° de abril de 1991), con costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Según la jurisprudencia de este Tribunal, el punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer o, en otros términos, desde que la acción quedó expedita (...) y es evidente que, en la especie, ello ocurrió cuando la actora tomó conocimiento de la sentencia de segunda instancia mencionada, el día 11 de diciembre de 1987."

"(...) el Registro informó erróneamente que el dominio constaba a nombre de Miguel Camilo Nava, omitiendo señalar la existencia de la declaratoria de herederos mencionada en el considerando sexto. Esa omisión era, a su vez, el fruto de una seria deficiencia registral, ya que la constancia de la declaratoria (...) había sido testada 'irregularmente' y se encontraba 'cruzada con la palabra errose sin firma ni sello'."

"(...) la defensa de la demandada fundada en la negligencia que atribuye a los escribanos resulta inadmisible, pues, conforme a una consolidada doctrina de este Tribunal, la eventual responsabilidad de los notarios no excusa total ni parcialmente la de la provincia, sin perjuicio de las acciones que ulteriormente pudiere ejercer ésta contra aquéllos."

"(...) la mera circunstancia de que la hipoteca haya sido constituida por la deudora en el 'período de sospecha' no obsta al progreso de la pretensión resarcitoria, pues en el caso no se verifica ninguno de los supuestos que permitirían considerar al acto como ineficaz 'de pleno derecho'."

Intereses: el tribunal consideró que la tasa pactada debía morigerarse por tratarse de valores actualizados y fijó el 6% anual.