BRUNO ARNALDO LUIS c/ SOCIEDAD ANONIMA LA NACION s/DAÑOS

¿Quién es el actor?

Arnaldo Luis Bruno.

¿A quién se demanda?

Sociedad Anónima La Nación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por daños y perjuicios derivados de publicaciones del 31 de marzo de 1992 y subsiguientes que lo vinculaban como posible partícipe en el atentado a la Embajada de Israel, y reclamo por violación del derecho a la intimidad (art. 1071 bis del Código Civil).

¿Qué se resolvió?

Primera instancia rechazó la acción por abuso de la libertad de prensa y admitió sólo la violación a la intimidad. La Sala K de la Cámara confirmó el rechazo y revocó parcialmente, desestimando también el resarcimiento por el art. 1071 bis. La Procuración General dictamina que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y devolver los autos para nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Respecto a este último recaudo, la Corte tiene dicho que para eximir de responsabilidad al informador, éste debe atribuir directamente la noticia a una fuente identificable, y transcribir en forma sustancialmente fiel lo manifestado por la misma (v. doctrina de Fallos: 316:2417). [...] la alusión a 'Fuentes del gobierno', 'Fuentes allegadas al Ministerio del Interior', o 'Fuentes militares', resulta evidentemente genérica e incierta, en grado tal, que -como afirma el quejoso- no permite acreditar la seriedad de la noticia, ni reconocer a su emisor originario, para, eventualmente enderezar la demanda contra él, colocando al afectado en estado de indefensión."

"[E]l a quo omite considerar que el título publicado en la primera página del diario del día 31 de marzo de 1992, expresa literalmente 'Atentado: Investigan a un mayor del ejército' (v. fs. 11). La posterior aclaración en el texto que le sigue [...] no restan gravedad a la primera aseveración, efectuada en tiempo presente y destacada en uno de los titulares de esa edición del periódico."

"[E]s claro que el diario no solamente publicó el nombre del recurrente, sino que además divulgó datos de su legajo personal y de sus actividades comerciales (v. fs. 11 y 12), antecedente que refuerza la conclusión..."

Sobre la real malicia, el dictamen sostiene que el actor, retirado con actividades comerciales, no reviste la calidad de figura pública, y que no está acreditado que haya intervenido en la cuestión de interés público, por lo que la aplicación de esa doctrina resulta arbitraria.

Concluye: "resulta ser tan obligatorio, por parte de la justicia, velar por el respeto a ultranza de la libertad de prensa, como hacerlo a su vez a favor de la honra de los ciudadanos, cuando un abusivo uso de aquélla, ha venido a lesionarlos."