PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ SOSSENKO MIGUEL JULIO ESTANISLAO s/ EJECUCION FISCAL
El apoderado del ejecutado impugnó la improcedencia de la aplicación de la prohibición de indexación prevista en las leyes 23.928 y 25.561 y el DNU 214/2002 respecto de honorarios. La Cámara rechazó el recurso y confirmó la sentencia de fecha 20/02/2024, sosteniendo la constitucionalidad del régimen nominalista y la obligatoriedad de acatar la doctrina de la Corte Suprema sobre la prohibición de indexación.
¿Quién es el actor?
Provincia de Tucumán - D.G.R. (actora en la ejecución fiscal).
¿A quién se demanda?
Sossenko Miguel Julio Estanislao (ejecutado) — representación por letrado Antonio Amado Augusto Fara, por derecho propio (apelante).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal; en el recurso de apelación se cuestionó la aplicación del régimen que prohíbe la indexación/actualización monetaria (arts. 7 y 10 Ley 23.928; art. 4 Ley 25.561; art. 5 DNU 214/2002) y la forma de cálculo de intereses y actualización de honorarios.
¿Qué se resolvió?
No hacer lugar al recurso de apelación; se confirma la sentencia de fecha 20/02/2024. Costas por su orden. Reserva de pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes del fallo (citas textuales):
"… II... b.- El dictado de la ley 23.928 ha significado la clara decisión del Congreso de la Nación de ejercitar las específicas funciones que le fueran encomendadas por el art. 75, inc. 11, de la C.N. de hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema de pesos y medidas para toda la Nación. En su mérito, han quedado derogadas no solamente expresas disposiciones legales sino, también, debieron reexaminarse todas aquellas soluciones pretorianas que admitían ajustes por depreciación monetaria, en tanto fueron instrumentadas para paliar el fenómeno inflacionario.
c.- En tal sentido, la Sala 3 de la Excma. Cámara del Trabajo tiene dicho (Sentencia nº 227 del 22/11/2013): ‘… La demanda plantea la inconstitucionalidad de los Arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, modificados por el Art. 4º de la Ley 25.561, y del Art. 5º del decreto 214/02, en cuanto el mismo prohíbe la indexación de los créditos. Fundamenta el planteo en que las disposiciones de la Ley 23.928 y su modificatoria Ley 25.561, dejan sin efecto el mecanismo de actualización por depreciación monetaria para los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo lesionándose de tal modo el derecho de propiedad y los llamados derechos sociales, y el derecho a una indemnización justa (Arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N.) ...’"
"En tal sentido, conforme resulta de lo previsto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto según art. 4 de la ley 25.561 y art. 5 del DNU 214/2002:
Art. 7: “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley…. Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto”.
Art. 10: “Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes...""
Además, el tribunal reproduce y aplica la doctrina obligatoria de la Corte Suprema de la Nación y de la Corte Suprema de Tucumán que avala la constitucionalidad del régimen nominalista y rechaza el planteo abstracto de inconstitucionalidad. Señala también que, respecto de los honorarios, se tomaron valores vigentes en regulaciones firmes y que la aplicación de tasas activas o pasivas empleadas no resulta desproporcionada respecto de la inflación alegada por el apelante.
¿Cómo votaron los jueces?
El acuerdo resolutorio del Tribunal (firmado por los Dres. María Soledad Monteros, Luis José Cossio y Lucía Grunauer) confirma la sentencia apelada; no surge disidencia en el bloque dispositvo final.
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Normas que cita
- Ley 23.928arts. 7, 10 · Convertibilidad del austral
- Ley 25.561art. 4 · Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
- Decreto 214/2002art. 5
- DNU 70/2023art. 84
- Constitución Nacionalarts. 14, 14 bis, 17, 67 inc. 10, 75 inc. 11, 75 inc. 22 · Constitucion nacional
- CCyCNarts. 765, 772, 1748 · Codigo civil y comercial de la nacion
- CPCCNarts. 61 inc. 1, 62 · Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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