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Primera Instancia

3% - VACHERAND ROMINA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La actora reclamó el pago de la bonificación por antigüedad calculada al 3% por año por el período 1996-2005 y el pago de las diferencias retroactivas. El Tribunal hizo lugar a la demanda, declaró inconstitucionales diversas normas provinciales que redujeron o suprimieron la bonificación y ordenó liquidar y pagar las diferencias con retroactividad y más intereses.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 - LA PLATA
Fuero
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
89488
Bonificacion por antiguedad Inconstitucionalidad Retroactividad Prescripcion Intangibilidad salarial Principio de progresividad Actualizacion Intereses Empleo publico Provincia de buenos aires.

¿Quién es el actor?

Vacherand Romina, ex empleada del Servicio Penitenciario Bonaerense y jubilada del Instituto de Previsión Social.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires - Servicio Penitenciario Bonaerense; Instituto de Previsión Social.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento y pago de la bonificación por antigüedad al 3% por cada año de servicio por los años 1996 a 2005 (período que fue liquidado con porcentajes reducidos o no computado), con liquidación de diferencias retroactivas, actualización e intereses.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda; se declara la inconstitucionalidad de las normas que suspendieron o rebajaron la bonificación por antigüedad (art. 42 Ley 11.739; art. 37 Ley 11.905; art. 29 Ley 12.062; art. 27 Ley 12.232; art. 27 Ley 12.396; art. 24 Ley 12.575; art. 24 Ley 13.154; arts. 1 y 2 Ley 13.354). Ordena a las demandadas computar la bonificación por antigüedad a 3% para todos los años incluidos en su cómputo, con retroactividad desde el 17/02/2023 hasta el alta previsional respecto del organismo empleador y desde el alta previsional respecto del organismo previsional; fija modalidad de cálculo, actualización e intereses; impone costas a la demandada vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 'el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución' (del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo, CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller)."

"Consecuentemente, y aun cuando pudiera considerarse que la disminución cuestionada haya sido legítima en un primer momento, la circunstancia de que las medidas cuestionadas no se hayan hecho en el marco de una emergencia, sumada a la irrazonable (por ilimitada) extensión temporal de las mismas, lleva a considerar inconstitucionales dichas restricciones a los derechos de la accionante. La legislación sub examine ha transgredido esos límites, ya que no impone una limitación razonable y temporaria a la integridad salarial de los agentes públicos, fundada en razones de emergencia y en el interés general (conf. CSJN, Fallos 325:2059, Tobar)."

"Dicho ello, en el caso de autos, queda claro que con la ley 10.944 en el año 1990, al modificarse la ley 10.430 se estableció que la bonificación por antigüedad seria de un monto equivalente al tres (3) por ciento del sueldo de la categoría de revista, por cada año de antigüedad que se compute. Ello siguió siendo así hasta 1995, no computándose el año 1996 y disminuyéndose el porcentual para los años siguientes. En otros términos, la situación más ventajosa para los trabajadores, que se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10.944, sufrió un claro retroceso con las diversas modificaciones posteriores que han generado y generan en la actualidad pérdidas en la retribución que percibe el accionante. Así las cosas, la disminución en el porcentual de la bonificación constituye un retroceso en la composición de la remuneración, incompatible con el principio consagrado en la constitución provincial y en los tratados internacionales antes citados."

"Cada vez que se abona el haber respectivo, la parte actora sufre los efectos de la disminución salarial operada en aquellos años, y por ende juzgo evidente que existe un hecho continuado, que origina tantos plazos de prescripción como haberes sean liquidados."

Dispositivo esencial (literal):

"1. Hacer lugar a la demanda interpuesta por Vacherand Romina contra la Provincia de Buenos Aires -Servicio Penitenciario Bonaerense- y contra el Instituto de Previsión Social, declarando la inconstitucionalidad de las siguientes normas: art. 42 de la ley 11.739; art. 37 de la ley 11.905; art. 29, de la ley 12062; art. 27, ley 12.232; art. 27, ley 12.396; art. 24 de la ley 12.575; art. 24 de la ley 13.154 y arts. 1 y 2 de la ley 13.354.

2. Ordenar a las demandadas a que, dentro del plazo de sesenta (60) días, computados desde que adquiera firmeza la liquidación respectiva, abone la bonificación por antigüedad respectiva a todos los años incluidos en su cómputo en un 3%, con retroactividad al 17/02/2023 y hasta el alta previsional respecto del organismo empleador, y desde el alta jubilatoria respecto del ente previsional (art. 163 de la CPBA), a valor actual a la fecha en que adquiera firmeza la sentencia conforme lo dispuesto en el apartado 9., con más los intereses indicados en el apartado 10 de la presente.

3. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 51, inc. 1° CCA)."

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