VERGARA, ALEJANDRA SUSANA c/ OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR OSMATA s/INDEMNIZACION ART. 212

¿Quién es el actor?

Vergara Alejandra Susana (actora).

¿A quién se demanda?

Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (OSMATA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de indemnización por incapacidad absoluta (art. 212, 4º párr. LCT), pretensiones accesorias (art. 80 LCT), agravamiento por incumplimiento (art. 2 Ley 25.323), daño moral y punitivo, intereses y actualización (arts. 54 y 55 Ley 27.802), y regulación de honorarios y costas.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios; se impusieron las costas de Alzada en el orden causado; y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 30% de las sumas que les corresponda percibir a cada uno por su actuación en la instancia anterior.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 212, cuarto párrafo, de la LCT supedita la procedencia de la indemnización a que la incapacidad absoluta se configure durante la vigencia del contrato. Más no exige que su existencia deba encontrarse formalmente certificada o determinada por un organismo médico a la fecha de la extinción. Es que una cosa es la configuración del estado incapacitante y otra, distinta, su acreditación en el proceso."

"La circunstancia de que la Comisión Médica se haya expedido con posterioridad al distracto no impide, por sí sola, tener por acreditado que la incapacidad ya se encontraba configurada con anterioridad, si ello resulta, como aconteció, en el sub lite, de los restantes elementos de prueba incorporados a la causa."

"La indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 212 LCT responde a un supuesto extintivo específico —la incapacidad absoluta del trabajador— y posee una naturaleza y finalidad propias... no resulta a su respecto aplicable el agravamiento indemnizatorio taxativamente reservado por el art. 2 de la ley 25323 para las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 LCT."

"Para la procedencia del daño moral se requiere la acreditación de un hecho ilícito distinto e independiente del incumplimiento contractual o de las consecuencias propias del distracto, extremo que no se verifica en la especie."

"Repárese que la Ley 27.802 (BO 06/03/2026) estableció en su art. 55 un régimen específico para la actualización de los créditos laborales judicializados... sus disposiciones 'son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte'."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Andrea E. García Vior formuló voto en disidencia parcial proponiendo aplicar el art. 2 de la Ley 25.323 por la conducta reticente del empleador y, en ese supuesto, condenar al pago del recargo previsto por dicha norma (determinando suma de $4.084.605 y proponiendo elevar la condena total a $12.253.815). No obstante, su posición quedó en minoría y no integra la decisión de la Cámara.