GIMENEZ BOBADILLA BERNARDO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

GIMENEZ BOBADILLA BERNARDO.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.541 y de los Decretos N° 163/2020, N°495/2020, N°542/2020 y otros, así como de la Ley 27.609, y disponer el pago retroactivo de reajustes previsionales desde marzo de 2020 conforme a la Ley 27.426 y los decretos indicados.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó íntegramente la demanda. Se impusieron las costas por su orden y se regularon honorarios a favor de la letrada del actor en $540.025 (5 UMA), excluyéndose honorarios para ANSeS conforme artículo 2º de la ley 27.423.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191)".

"La Corte Suprema ha señalado que la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva esa exigencia, por lo que es atribución y deber del legislador fijar el mecanismo concreto de esa garantía..." (Fallos 328:1602).

"Cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional..."

"A la luz de lo reseñado, y ante la carencia de indicadores adecuados que me permitan llegar a la convicción de la falta de razonabilidad de los preceptos en crisis, no se configure en el caso el agravio constitucional que justificaría admitir el amparo. En este orden, resulta insuficiente para tener por demostrada la lesión constitucional invocada el argumento de la suspensión de la movilidad."

Además el tribunal consignó que los incrementos trimestrales otorgados por el Poder Ejecutivo (Decretos 163 y 495/2020) y la sanción posterior de la Ley 27.609 pusieron término al plazo de emergencia discutido, y que la mera sustitución del mecanismo de movilidad no configura derecho adquirido: "no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y reglamentaciones." (Fallos 340:357; 328:867; 320:2825, entre otros).

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en el texto.