Juan Emilio Torterola c/ Provincia de Buenos Aires

¿Quién es el actor?

Juan Emilio Torterola, escribano con registro notarial en la Capital Federal.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de las leyes 10.446 y 10.542, del decreto 406/87 y del decreto 142/89, y reclamo de daños y perjuicios derivados de su aplicación.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la demanda en cuanto persigue la declaración de inconstitucionalidad de la ley 10.542 y del decreto 142/89, y se rechazó el reclamo de daños y perjuicios, con costas en el orden causado. Las leyes 10.446 y decreto 406/87 habían perdido vigencia y su planteo se consideró abstracto (dictamen de la Procuradora Fiscal, al que la Corte adhiere).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La indicación que exige el decreto 142/89 de Buenos Aires, en el pedido de certificación, del notario local que intervendrá en el acto notarial, constituye el eslabón inicial de un procedimiento viciado en la finalidad que lo informa, es decir, crear recaudos previos a la inscripción de los títulos foráneos en desconocimiento de la cláusula del art. 7 de la Constitución Nacional y de la ley 17.801." (sumario y dictamen, citando "Molina")

"...la acción indemnizatoria requiere la prueba de la existencia real y concreta de los daños (Fallos: 276:169; 302:1339; 306:876), la que en autos no se ha producido. En efecto, el interesado no ha demostrado los extremos en que funda esta pretensión, esto es, la existencia de operaciones concretas que haya debido derivar a un escribano con registro en la provincia demandada, ni aquéllas en que le hubiera sido necesaria la intervención de alguno."

"...el certificado de dominio cuya obtención perseguía estaba destinado a instrumentar una operación de venta del inmueble sito en la Provincia de Buenos Aires que indica. Por ello, y aun cuando la intervención de un escribano de la citada provincia no se requiera ya para la tramitación de ese recaudo previo, sí resulta necesaria para la inscripción del acto en cuestión..." (subsistencia del interés)

Sobre la ley 10.542 la Corte remite a lo resuelto en "Pinto" (P.426.XXI), y sobre el decreto 142/89 hace suyos los fundamentos de la Procuradora Fiscal.

Honorarios regulados en A 10.400.000 para las letradas de la parte actora.