FUNES TEODORO ROBERTO c/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS s/ACCION DECLARATIVA

¿Quién es el actor?

ex legislador nacional.

¿A quién se demanda?

Estado nacional (ANSeS, según surge de la causa).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto 78/94 en cuanto derogó la ley 24.018, y que se aplique dicha ley al momento de su jubilación.

¿Qué se resolvió?

la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó el rechazo de la acción, sosteniendo que el decreto 2.322/02, que promulgó la ley 25.688, no observó la derogación del título II de la ley 24.018, por lo que el régimen especial estaría derogado.

Qué propone la Procuración General: que se haga lugar a la queja y al recurso extraordinario, y se deje sin efecto la sentencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien el ahora quejoso esgrimió, centralmente, argumentos dirigidos a sostener la arbitrariedad del decisorio en crisis, es dable recordar que V.E. tiene reiteradamente dicho que la Corte puede conocer en esos supuestos excepcionales, en caso que el tribunal a-quo ha prescindido, sin dar fundamentos suficientes, de la consideración de cuestiones o argumentos oportunamente propuestos, y que, eventualmente, resultarían conducentes para la adecuada solución del litigio."

"Tal es lo que acontece en el sub-lite, por cuanto el juzgador ha obviado el estudio de serios y conducentes elementos que se aprecian en la causa, lo que importa de por sí una muy ligera actividad analítica que dista de constituir la que, por el contrario, exige el deber jurisdiccional para convalidar un decisorio."

"...no advirtió que el actor había cesado en sus funciones bajo la ley 24.018, la que la tornaría aplicable a su situación, toda vez que el derecho del afiliado, en principio, se consolida por el hecho del cese en la actividad, siendo éste el que determina la ley aplicable."

Agravios del recurrente: aplicación retroactiva de la norma derogatoria en violación del art. 3° del Código Civil; violación del principio de igualdad (art. 16 CN), al haberse iniciado la acción en 2001 bajo vigencia de la ley 24.018; y falta de consideración de los argumentos propuestos.