ESTADO PROVINCIAL - CASACION (AUTOS GUILLEN ANTONO Y OTROS C/EX BANCO DE LA PROV. DE LA R RIOJA Y ESTADO PROV.-EJECUTIVO s/

¿Quién es el actor?

Antonio Guillén y otros (acreedores con certificado de depósito a plazo fijo contra el ex Banco de la Provincia de La Rioja).

¿A quién se demanda?

Ex Banco de la Provincia de La Rioja (en liquidación) y Provincia de La Rioja.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro del crédito reconocido en un proceso ejecutivo por depósito a plazo fijo, que la Provincia pretendía comprendido en el régimen de consolidación de la ley 7112 y su decreto reglamentario 357/01.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, por mayoría, rechazó el recurso de casación y confirmó la declaración de inconstitucionalidad del decreto 357/01. El dictamen de la Procuración propone dejar sin efecto esa sentencia y devolver las actuaciones para un nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal provincial sostuvo que la ley 7112 "ha trascendido los límites de lo estrictamente económico financiero", coloca a los acreedores del Estado en una situación de desigualdad y convierte en incobrables los créditos que se ejecutan contra él, violando los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional.

Señaló que el decreto 357/01 deroga capítulos del Código Procesal, excediendo la delegación legislativa, y que es contrario al art. 41 de la Constitución provincial.

El Procurador sostiene que la sentencia "no tiene en cuenta que V.E. reiteradamente ha declarado (...) que, a fin de analizar su validez constitucional, es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia" (Fallos: 318:1887; 321:1984).

Afirma que la restricción debe ser "razonable, limitada en el tiempo y constituir un remedio a la grave situación excepcional, sin provocar la mutación en la sustancia o esencia del derecho reconocido".

Recuerda que la aplicación del sistema "no priva al acreedor del crédito declarado en la sentencia sino que sólo suspende temporalmente la percepción íntegra de las sumas adeudadas" (Fallos: 320:2756).

Concluye que el supuesto exceso del Poder Ejecutivo local "importa desconocer que mediante esta disposición legal la Provincia de La Rioja se ha adherido a la ley 25.344", por lo que no se violaron normas nacionales o locales.

Opina que la sentencia es arbitraria por carecer de fundamentación suficiente para apartarse de la doctrina de la Corte, y que corresponde dejarla sin efecto y devolver las actuaciones.