FERRABELLO MOREIRA AIDA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES -DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS s/IN ITINERE- DEFENSA DE PRESCRIPCION

¿Quién es el actor?

Aída Farrabello Moreira.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires - Dirección General de Escuelas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización derivada de un accidente de trabajo in itinere, con incapacidad sobreviniente (70% de la t.o.), reclamada bajo la ley 9.688 modificada por la ley 23.643.

¿Qué se resolvió?

la Suprema Corte bonaerense rechazó el recurso extraordinario local de inaplicabilidad de ley y confirmó la prescripción de la acción. La Procuradora dictamina que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario federal, dejar sin efecto la sentencia y devolver los autos para un nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

> "la ad quem omitió tener en cuenta que, por aplicación del artículo 258 de la LCT, las acciones provenientes de la responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales prescriben a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad o fallecimiento de la víctima, entendiendo tal 'determinación' como la fijación de la minusvalía. A los citados efectos, sólo a partir del conocimiento por parte del trabajador interesado del dictamen de la junta médica emitido en sede administrativa, queda determinada la incapacidad del actor (cfr. Fallos: 311:2241; 315:1195; etc.)."

> "el segundo párrafo [del artículo 19 de la ley 9.688 según ley 23.643] disponía que: 'la toma de conocimiento de la incapacidad se produce cuando el incapacitado conoce el grado definitivo de la incapacidad, las causas laborales que la determinaron, la irreversibilidad del proceso incapacitante y ha culminado el proceso de agravamiento de la incapacidad progresiva'. Tal extremo no fue ponderado por los jueces..."

> "la decisión de la Corte Provincial no constituye una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las circunstancias del caso, por lo que, al afectar las garantías constitucionales invocadas, corresponde descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad."

Asimismo, señala que el informe contable indica que el dictamen definitivo fue producido el 15 de abril de 1998, y no en la fecha del siniestro (1989), y que es aplicable a los litigios laborales la pauta de cautela en materia previsional. Aclara que no anticipa criterio sobre el fondo del asunto.