QUEROL JOSE HERNAN c/ KRISLAVIN RAUL TEODORO Y OTRO s/COBRO DE HONORARIOS

¿Quién es el actor?

José Querol.

¿A quién se demanda?

Raúl Krislavin (y, en causa acumulada, Megavisión Producciones S.A.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de honorarios por asesoramiento extrajudicial en la transferencia de acciones a CICSA y en el reclamo de Keytech S.A. (quita de U$S550.000), con aplicación del CER sobre montos pactados en dólares.

¿Qué se resolvió?

incrementó la base regulatoria de la transferencia a CICSA, fijando la retribución en $14.833; confirmó la regulación de $27.500 por el reclamo de Keytech; hizo lugar a la aplicación del CER.

Dictamen de la Procuración: desestimar la queja; admisible formalmente el recurso extraordinario; confirmar la sentencia apelada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las cuestiones de naturaleza fáctica y de derecho común y procesal son, por regla, propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria, salvo arbitrariedad manifiesta en la resolución."

Respecto de la base regulatoria de Keytech: "la queja relativa a la utilización de la 'teoría del ahorro' y no adopción del monto de la transacción como base regulatoria carece de la debida fundamentación... por cuanto no rebate como es menester, ni logra enervar el argumento del a quo relativo a la crítica insuficiente del fallo de primera instancia y a la utilización de las pautas del arancel."

Respecto de CICSA: el contrato "no se agotaba con la transferencia del 20% del capital accionario sino que contenía otras estipulaciones involucrando a la totalidad del capital", por lo que la crítica sobre la incorporación de negocios de Megavisión "tampoco rebate adecuadamente el argumento".

Sobre el CER: "Es por demás irrazonable pensar que una ley destinada a paliar una emergencia se refiera solamente a hechos futuros y no comprenda aquéllos que venían ocurriendo con anterioridad, que fueron su causa y fundamento." Y, respecto de la inconstitucionalidad planteada, resulta "abstracto e indebidamente fundado" por su generalidad, ya que la Corte exige demostrar el agravio concreto.

Se remite al dictamen en S.C. R. 320, L. XLII, "Rinaldi c/ Guzmán Toledo", sobre la constitucionalidad de la normativa de emergencia (ley 25.561, decreto 214/02, ley 25.820).