RENAULT ARGENTINA SA (TF 19292-A) c/ DGA s/

¿Quién es el actor?

Renault Argentina SA.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Aduanas (DGA), Estado Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Repetición de la diferencia de tasa de estadística pagada en el despacho de importación 1.517-7/96, liquidada al 3% del valor de la operación conforme al decreto 389/95, frente a la reducción posterior al 0,50% (decreto 37/98) con topes (decreto 108/99), invocando el art. VIII del GATT (Acuerdo de Marrakech, ley 24.425).

¿Qué se resolvió?

El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución de la DGA que rechazaba la repetición. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó, declaró inconstitucional el decreto 389/95 por oponerse al GATT y ordenó devolver la diferencia.

Qué propone el dictamen: Hacer lugar al recurso extraordinario, revocar la sentencia de la Cámara y devolver las actuaciones para que se dicte una nueva, conforme a lo dictaminado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional… debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico." Agrega que debe llevarse a cabo "cuando la repugnancia con la Ley Fundamental sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable".

"Para concluir en la inconstitucionalidad del tributo liquidado de acuerdo con lo que fijaba el decreto 389/95, resultaba imprescindible la acabada acreditación de que en todas y cada una de las importaciones de que aquí se trata el coste del servicio efectivamente prestado fue inferior a lo pagado a título de tasa."

"[N]ada de ello ocurrió en autos, en los que ya en la etapa del Tribunal Fiscal se resolvió la cuestión como si fuese de puro derecho."

"[S]i bien es cierto que a partir de ese decreto hubo una considerable rebaja en el quantum de la tasa de estadística, de allí no se sigue, con prescindencia de todo otro elemento, que lo que antes se cobrase por ella fuera invariablemente superior al valor del servicio que efectivamente se ha prestado."

Por ello, la sentencia de Cámara "no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente", lo que habilita el agravio por arbitrariedad.