YPF SOCIEDAD ANONIMA c/ RIO NEGRO, PROVINCIA DE Y OTRO s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF).

¿A quién se demanda?

Provincia de Río Negro. Cita como tercero al Estado Nacional (Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos / Secretaría de Energía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de la ley 3542, modificatoria de la ley 1622 (impuesto inmobiliario, t.o. decreto 384/02), en cuanto alcanza a la "ocupación de inmuebles o subinmuebles en virtud de permisos de exploración, concesiones y otros derechos de explotación de transporte y distribución de hidrocarburos" (arts. 2 inc. e y 8 inc. e). Se alega violación de las leyes 17.319 y 24.145, la Ley de Coparticipación (art. 9 inc. b), el Pacto Federal de Hidrocarburos, el Código Civil y los arts. 17, 31, 75, 125 y 126 de la Constitución Nacional. Se solicita además una medida cautelar de no innovar.

¿Qué se resolvió?

la Procuración General dictaminó que el caso corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema, por tres razones: (i) la materia tiene contenido federal predominante; (ii) la pretensión exige determinar si la legislación provincial invade competencias nacionales en materia de hidrocarburos, lo que habilita la acción prevista en el art. 2 inc. 1° de la ley 48; (iii) la competencia procede también en razón de las personas, por ser parte una provincia y citarse al Estado Nacional.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

el dictamen sostiene que "lo medular del planteo remite necesariamente a desentrañar el sentido y alcance de los referidos preceptos federales", y que la pretensión "exige esencial e ineludiblemente determinar si la alegada actividad legislativa de las autoridades provinciales invade el ámbito que le es propio a la Nación en materia de hidrocarburos". Concluye que, "cualquiera que sea la vecindad de la actora", el caso "se revela como de aquellos que deben tramitar ante los estrados del Tribunal en instancia originaria". No se trata de una decisión del tribunal sino de una opinión del Ministerio Público.