Recurso Queja Nº 1 - MONTENEGRO, JORGE ADAN c/ AFIP-DGI s/AMPARO LEY 16.986

¿Quién es el actor?

Jorge Adán Montenegro, por derecho propio, con patrocinio del Dr. Claudio R. Mindel.

¿A quién se demanda?

AFIP-DGI.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo (ley 16.986) para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 79, inciso c, de la ley 20.628 (texto según ley 27.346), se deje de efectuar retenciones de impuesto a las ganancias sobre haberes previsionales y se reintegren las sumas retenidas por el período 2021.

¿Qué se resolvió?

la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Sala A) confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo, confirmó la imposición de costas de primera instancia y distribuyó las de alzada por su orden. La Corte Suprema, por unanimidad, declaró parcialmente procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia solo en cuanto a la distribución de costas y devolvió los autos para un nuevo pronunciamiento. Los demás agravios fueron declarados inadmisibles (art. 280 CPCCN).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...el tribunal a quo impuso las costas por su orden pero sin considerar que el artículo 68 del código de rito que citó resultaba inaplicable a este asunto pues, tratándose de un proceso de amparo, las costas debían ser impuestas según lo normado en el artículo 14 de la ley 16.986 –precepto vinculado directamente a la concreta situación suscitada en la causa–, que establece la imposición de las costas a la parte vencida con la sola excepción de que, con anterioridad a la contestación del informe previsto en su artículo 8°, se produzca el cese del acto u omisión en que se fundó el amparo, supuesto que no ocurrió en estas actuaciones."

"Más aún, de las constancias de la causa se advierte que la cámara no proporcionó una razón válida para justificar su apartamiento de la pauta normativa que, en materia de costas, le imponía atender al resultado del pleito."

"...el defecto en que incurrió el tribunal de alzada al distribuir las costas por su orden afecta de modo directo e inmediato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste al recurrente (ley 48, artículo 15) y justifica la invalidación del pronunciamiento..."

Sobre la admisibilidad de la vía, la Corte recordó que las costas son de derecho común y procesal (Fallos: 278:48; 308:1076; 339:1691), pero que la excepción procede cuando el tratamiento es dogmático y se aparta de la norma aplicable.