En los últimos meses, se han conocido importantes decisiones judiciales que sientan precedentes en diversas áreas del derecho. Estas resoluciones, provenientes tanto de la Corte Suprema de Justicia como de tribunales inferiores, abordan cuestiones relevantes que impactan en los derechos de los ciudadanos.
Corte Suprema ratifica obligación de depósito previo para recursos de queja por honorarios
En el caso "Recurso de Queja interpuesto por [nombre del profesional] s/ honorarios" (Expediente: CAF 005302/2020/1/RH001, Fecha: 15/05/2025), la Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo del recurrente, quien cuestionaba la intimación a efectuar el depósito previo para interponer un recurso de queja en defensa de sus honorarios profesionales. El máximo tribunal señaló que la exención de dicha carga sólo procede respecto de aquellas personas que se encuentran expresamente contempladas en la ley, interpretando esta excepción de manera restrictiva. En este sentido, la Corte recordó que ya había establecido previamente que los profesionales no están dispensados de realizar el depósito cuando se trata de una queja relativa a sus propios honorarios, a pesar de la naturaleza alimentaria de estos.
Cámara Federal de Córdoba confirma sentencia en juicio contra el Estado
En el caso "Grassi, Daniel Ricardo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino" (Expediente: FCB 040558/2019/CA002, Fecha: 13/05/2025), la Cámara Federal de Córdoba - Sala B - Secretaría Civil II rechazó el recurso de apelación interpuesto por los actores y confirmó la sentencia apelada. Los demandantes reclamaban la readecuación de la tasa de interés aplicada en una sentencia previa. Sin embargo, el tribunal consideró que la cosa juzgada impedía modificar una situación jurídica ya consolidada, como lo eran los intereses fijados en la sentencia firme. Asimismo, la Cámara entendió que la tasa de interés aplicada (Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina) se ajustaba al criterio adoptado por la Cámara Federal de Apelaciones, sin advertir afectación a derechos constitucionales de los accionantes.
Cámara Nacional del Trabajo confirma indemnización por despido, pero descarta daño moral
En el caso "Báez, María Daniela c/ Atención Ambulatoria S.A." (Expediente: CNT 038641/2021/CA001, Fecha: 14/05/2025), la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala II confirmó que el despido de la actora fue injustificado, condenando a la empresa a pagar las correspondientes indemnizaciones. Sin embargo, desestimó el reclamo por daño moral. La sentencia concluyó que la trabajadora acreditó estar imposibilitada de prestar servicios mediante certificados médicos, por lo que el impago salarial fue considerado injustificado. En cuanto al ejercicio del ius variandi por parte del empleador, si bien hubo cambios de funciones y lugar de trabajo, éstos fueron considerados razonables en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Cámara Federal de Bahía Blanca modifica sentencia sobre reajuste de beneficio previsional
En el caso "Reyes, Ana Beatriz c/ ANSES" (Expediente: FBB 010072/2023/CA001, Fecha: 20/05/2025), la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca modificó la sentencia de primera instancia en relación al reajuste del haber inicial de la pensión derivada de la actora. El tribunal ordenó el recálculo del haber inicial de los aportes por servicios autónomos conforme a la doctrina de "Volonté" y "Makler", pero considerando las rentas imponibles de los 60 meses anteriores a la obtención del beneficio, tal como lo establece la Ley 24.241. Asimismo, dejó sin efecto el diferimiento del tratamiento de la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU) y declaró la inconstitucionalidad de una disposición del Decreto de Necesidad y Urgencia 157/2018 sobre costas.
Cámara Contencioso Administrativa Federal confirma multa a obra social por operar con sustancias químicas
En el caso "Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Estado Nacional - Ministerio de Seguridad" (Expediente: CAF 044226/2023/CA001, Fecha: 20/05/2025), la Cámara Contencioso Administrativa Federal - Sala I confirmó la resolución administrativa que impuso una multa de $187.000 a OSPLAD por operar con sustancias químicas controladas sin estar inscripta en el Registro Nacional de Precursores Químicos. El tribunal consideró que las normas que exigen la inscripción previa en el registro son claras, y que OSPLAD realizó una operación comercial de sustancias químicas sin estar debidamente inscripta. Además, entendió que los argumentos de la obra social (ausencia de perjuicio, buena fe, carácter de agente de salud sin fines de lucro) no eran idóneos para eximirla de responsabilidad, y que la multa impuesta no resultaba desproporcionada. Estos fallos muestran la diversidad de temas abordados por los tribunales en los últimos meses, desde la protección de los honorarios profesionales hasta cuestiones laborales, previsionales y administrativas. Sus decisiones, fundamentadas en principios jurídicos, buscan garantizar derechos y generar precedentes que orienten a la comunidad jurídica y a la sociedad en general.
