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Cámara de Apelaciones

ORONA MARIA SOLEDAD C/ MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE S/ INCIDENTE DE APELACION

La actora impugnó la cesantía dispuesta por el Decreto N° 0085/2026 y solicitó la suspensión cautelar de sus efectos y su restitución provisoria por motivos de salud y vicios del procedimiento. La Cámara rechazó el incidente de apelación: confirmó la denegatoria de la tutela cautelar por falta de verosimilitud del derecho invocado y por corresponder un examen más profundo en la instancia de fondo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA DE APELACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - MAR DEL PLATA
Fuero
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-17411-AZ1E
Medida cautelar Tutela provisoria Abandono de cargo (art. 108 ley 14.656) Verosimilitud del derecho Peligro en la demora Presuncion de legitimidad del acto administrativo Derecho de defensa / vista del expediente Cesantia decreto n? 0085/2026 Camara de apelacion contencioso administrativo (mar del plata) Costas en el orden causado

¿Quién es el actor?

María Soledad Orona, enfermera municipal con prestación desde el 01-07-2016.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Tapalqué.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación del Decreto N° 0085/2026 (cesantía del 06-03-2026), anulación del rechazo del recurso de revocatoria, restablecimiento de la situación de revista, reincorporación y pago de haberes; subsidiariamente sustitución de la cesantía por sanción menor. Además, pidió medida cautelar para suspender los efectos de dichos actos y su restitución provisoria en condiciones compatibles con su salud.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de apelación contra la denegatoria de la tutela cautelar dictada en primera instancia; confirmar la resolución que desestimó la medida cautelar; costas al orden causado; diferir regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre la naturaleza de las cautelares y sus presupuestos:

"Las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la sentencia de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento.

Lo anterior, junto a la normativa que corresponde aplicar al proceso en tratamiento -cfr. arts. 22 a 26 del C.P.C.A.-, delinean los presupuestos esenciales que habilitan el despacho de este tipo de medidas, a saber: a) el derecho invocado debe ser verosímil en relación con el objeto del proceso; b) debe existir la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho y, c) la tutela requerida no debe afectar gravemente el interés público..."

2) Sobre la insuficiencia de la verosimilitud del derecho en el caso concreto:

"En el caso, el argumento medular mediante el cual la apelante procura demostrar la verosimilitud de su derecho reside en que la conducta que motivó su cesantía no resultaría subsumible en el supuesto de abandono de cargo contemplado en el art. 108 de la ley 14.656... No obstante, determinar si tales circunstancias permiten descartar la configuración del abandono de cargo atribuido a la agente por su empleadora, exige un examen que excede el limitado ámbito de discernimiento propio de esta instancia cautelar...

En suma, las circunstancias invocadas por la apelante no revelan, en este estado inicial del proceso, la presencia de una conducta palmariamente ilegítima atribuible a la demandada que permita tener por suficientemente configurada la verosimilitud del derecho y neutralizar cautelarmente los efectos de un acto administrativo que conserva su presunción de legitimidad."

3) Sobre la supuesta vulneración del derecho de defensa:

"Finalmente, aclaro que tampoco modifica el temperamento propiciado la alegada la afectación del derecho de defensa que la recurrente vincula con la negativa de la Municipalidad a conferirle vista íntegra de las actuaciones administrativas, pues determinar la efectiva configuración y entidad invalidante de ese déficit exige examinar las concretas oportunidades de intervención que tuvo la agente durante el procedimiento, la información y documentación a la que accedió, el momento y alcance del pedido de vista formulado y la incidencia que la respuesta de la Administración pudo proyectar sobre el ejercicio efectivo de sus defensas, extremos que, una vez más, requieren un examen circunstanciado del procedimiento administrativo que no puede llevarse a cabo con la profundidad necesaria dentro del reducido marco de conocimiento propio de esta incidencia."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Mora y Ucín votaron en igual sentido; la sentencia se resolvió por unanimidad (bloque dispositivo final: "Rechazar el recurso... confirmar el pronunciamiento en crisis").

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