SIBAY, CARLA VANESA c/ RUIZ AUTOMOTORES S.A. Y OTRO s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

SIBAY, Carla Vanesa (actora/consumidora).

¿A quién se demanda?

RUÍZ AUTOMOTORES S.A. (concesionaria) y PLAN ROMBO S.A. (administradora del plan).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Responsabilidad civil por incumplimiento en vínculo de consumo; indemnización por daños y perjuicios y imposición de sanción pecuniaria disuasiva (daño punitivo, art. 52 bis Ley 24.240).

¿Qué se resolvió?

Se modificó la sentencia de primera instancia en cuanto a Plan Rombo S.A.: se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la administradora y se revocó la condena por daño punitivo contra Plan Rombo S.A.; se mantiene la sanción por daño punitivo respecto de Ruiz Automotores S.A. Se regularon costas y se difirió pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, ha quedado debidamente acreditado en autos -mediante la pericial caligráfica producida en fecha 11/02/2022 (cuaderno de pruebas A-2)- que las firmas insertas en el Formulario 01 de inscripción inicial del vehículo y en la solicitud de cédula de identificación de autorizado a conducir no pertenecen a la Sra. Sibay. Tal circunstancia revela la utilización de documentación con firma apócrifa para la prosecución de trámites registrales esenciales vinculados a la adquisición del rodado.

La falsificación de la firma de la consumidora y los perjuicios de ellos derivados, no constituye una mera irregularidad formal ni una negligencia leve en la tramitación administrativa. Se trata de una conducta antijurídica de extrema gravedad que afecta el núcleo mismo del consentimiento contractual, vulnerando el principio de autonomía de la voluntad y el derecho a una información clara y veraz (art. 4 LDC y art. 1100 CCCN), así como el deber de trato digno (art. 8 bis LDC y art. 1097 CCCN)."

"b) En lo que respecta a la administradora del plan, Plan Rombo S.A, corresponde efectuar un análisis autónomo respecto de la procedencia del daño punitivo, en tanto la sanción prevista en el art. 52 bis de la Ley 24.240 se rige por el principio de personalidad y exige la verificación de una conducta propia particularmente grave atribuible al proveedor. No basta, en consecuencia, la responsabilidad solidaria derivada del art. 40 LDC ni la sola conexidad contractual para justificar la imposición de la sanción pecuniaria disuasiva a su respecto. Es necesario acreditar un incumplimiento grave de obligaciones legales o contractuales que evidencia dolo o culpa grave, o una actitud de manifiesto menosprecio hacia los derechos del consumidor.

...

Bajo tales parámetros, las circunstancias acreditadas en autos no permiten afirmar, con el grado de certeza requerido para la imposición de una sanción de naturaleza punitiva, que Plan Rombo S.A. haya incurrido en un comportamiento de esa entidad. En efecto, no se ha demostrado que la administradora haya intervenido de manera directa en la maniobra consistente en la utilización de documentación con firma apócrifa ni que hubiera participado en su ejecución o favorecido deliberadamente su concreción."

¿Cómo votaron los jueces?

Hubo coincidencia mayoritaria entre los Dres. Álvaro Zamorano (preopinante) y Benjamín Moisá (adhesión al resultado). El Dr. Moisá formuló observaciones críticas sobre la justificación general de los daños punitivos y exigió mayor motivación para su imposición, pero terminó adhiriendo al pronunciamiento de revocar el daño punitivo sólo respecto de Plan Rombo S.A.