TELLO FONTS, CRISTINA c/ CREDINEA S.A. s/ SUMARIO (RESIDUAL)
La actora promovió demanda por daños y perjuicios contra Credinea S.A. por suplantación de identidad y perjuicios derivados de un crédito supuestamente no contraído. La Cámara rechazó el recurso de apelación de la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la demandada a pagar $500.000 por daño moral, rechazando la aplicación de la multa civil (daños punitivos) por no acreditarse conducta de la gravedad exigida.
¿Quién es el actor?
Cristina Tello Fonts.
¿A quién se demanda?
Credinea S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por suplantación de identidad / inscripción y persecución como deudora por un crédito no contraído; se solicitó además la imposición de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la Ley Nº 24.240 (daños punitivos).
¿Qué se resolvió?
La Cámara NO hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la Sentencia Nº 646/27-09-2022; confirmó la condena de la demandada a abonar $500.000 por daño moral, rechazó la aplicación de la multa civil (daños punitivos), impuso las costas a la apelante y reservó pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Daños punitivos. Requisitos. Improcedencia. En reiteradas oportunidades (CCCTuc., Sala II, Esteban, Noelia Estefanía c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A., Sentencia Nº 388, 27/07/17, entre otras), esta Sala ha tenido oportunidad de decir que una interpretación gramatical del art. 52 bis de la Ley Nº 24.240 inevitablemente conduciría a un verdadero despropósito jurídico. Es que, como bien se ha señalado, de acuerdo con el texto sancionado, bastaría el mero incumplimiento, cualquiera sea la obligación violada, medie o no dolo o culpa del proveedor, haya o no un daño causado al consumidor, se haya enriquecido o no el proveedor como consecuencia del hecho, para que sea aplicable la multa (PICASSO, Sebastián, Nuevas categorías de daños en la ley de defensa del consumidor, Sup. Esp. Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley, 2008 -abril-, 123). Esto sin contar que el daño derivado del acto ilícito -violación de la ley o incumplimiento obligacional- ya encuentra suficiente reparación en la correspondiente indemnización.
Esta circunstancia exige de los jueces una interpretación integradora y virtuosa que les permita salvar la laguna técnica de la ley. Según Hans Kelsen, una laguna técnica tiene lugar “cuando el legislador ha omitido dictar una norma indispensable para la aplicación técnica de la ley y tal laguna podría ser llenada por vía de interpretación. En realidad, se entiende por laguna técnica una laguna lógica que resulta de una divergencia entre el derecho positivo y del derecho deseado, o bien aquella indeterminación que resulta del hecho de que la norma es solamente un marco” (KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, p. 174, EUDEBA, Buenos Aires, 1960, tr. Moisés Nilve). En este sentido, el “podrá” empleado en el artículo lo convierte en una norma de tipo abierto que, por tal circunstancia, autoriza al juez a integrarla con los presupuestos mínimos que hacen a la figura jurídica en cuestión."
"En consecuencia, no basta con el mero incumplimiento legal o contractual para que sean aplicables los daños punitivos o multa civil por actos desaprensivos, sino que se requiere la concurrencia de un elemento objetivo y de otro subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, para la aplicación de la multa civil prevista por el art. 52 bis no es suficiente un simple daño, sino que debe tratarse de un daño -o su posibilidad- que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional exija una sanción ejemplar. Desde el punto de vista subjetivo, la conducta del proveedor debe ser indignante, recalcitrante, desaprensiva o antisocial (outrageous conduct). Para la concepción dominante en el derecho angloamericano, no cualquier acto ilícito puede generar la aplicación de punitive damages, sino que se requiere una particular subjetividad en la conducta del dañador que va más allá de la mera negligencia (cfr. PIZARRO, Ramón Daniel, Daño moral, p. 529, Hammurabi, Buenos Aires, 2004; CCCTuc., Sala II, Umar c. Banco Columbia S.A, Sentencia Nº 643, 23/12/2013, entre otras)."
"En consecuencia, no se advierte en la causa una conducta desaprensiva, indignante, antisocial o recalcitrante por parte de la demandada que encuadre dentro del dolo delictual o de la culpa grave, entendidos como la intención indudable de dañar o la desaprensiva negligencia ante la posibilidad de un eventual daño grave. Por lo demás, en cuanto a las previsiones del último párrafo del art. 8 bis de la Ley Nº 24.240, teniendo en cuenta que en los términos de la norma es discrecional para los jueces la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 bis, no se advierte un trato indigno o prácticas abusivas por parte de la demandada con suficiente entidad como para justificar la referida sanción disuasiva de carácter excepcional. Las incomodidades, molestias y padecimientos propios de este tipo de situaciones, que no exceden el campo de la culpa y en las que no se demuestra una particular desaprensión en la conducta del proveedor, encuentran suficiente reparación en la condena indemnizatoria por el rubro “daño moral”.
No debe perderse de vista que los llamados “daños punitivos” no tienen carácter resarcitorio, ni son una partida más destinada a engrosar la cuenta indemnizatoria, sino que son una sanción civil de carácter disuasivo que, fundada en el interés público, tiene como finalidad reprimir actos desaprensivos, ante los cuales la responsabilidad civil se muestra insuficiente por los límites naturales de una reparación integral y por las estrictas exigencias de la responsabilidad penal. Además, se insiste, el interés privado del damnificado ya encuentra suficiente satisfacción en la indemnización propia de la responsabilidad civil (cfr. MOISÁ, Benjamín, op. et loc. cit. y en RCyS, La Ley, 2008-VIII, 31).
Consecuentemente, corresponde rechazar el agravio de la apelante."
¿Cómo votaron los jueces?
El acuerdo se dictó por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (Dres. Benjamín Moisá y María del Pilar Amenábar). No se registra voto en disidencia en el bloque dispositivo final.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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