MOLINA APUD ANAHI SOLEDAD c/ PIEVE S.A. AUTOMOTORES Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

MOLINA apud ANAHI SOLEDAD (actora).

¿A quién se demanda?

PIEVE S.A. AUTOMOTORES y Renault Argentina S.A. (demandadas).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Sustitución del vehículo por otro 0 km o, subsidiariamente, indemnizaciones por privación de uso, daño moral, daño punitivo y depreciación del valor de reventa por defecto de fábrica y reparación del motor.

¿Qué se resolvió?

La Cámara modificó parcialmente la sentencia de primera instancia condenando además a las demandadas al pago de $25.000 en concepto de daño punitivo con más los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia; confirmó la indemnización por depreciación (quita del 20% sobre $113.800 = $22.760), la privación de uso ($5.000) y el daño moral ($18.000) fijados en primera instancia; costas de la alzada y regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La fijación de una indemnización por depreciación en el valor de reventa del automóvil debe ser confirmada, por cuanto el perito Varg de manera categórica ha expresado que ha existido una falla de control de calidad de la fábrica, al haberse puesto en el comercio un automóvil 0 km que tenía fallas en el motor, porque no había sido revisado adecuadamente, y que al ser reparado ha sufrido una depreciación en su valor.

Esto es así porque al tratarse de un automóvil reparado en el motor fundido, su valor de reventa disminuye, pues, intuitivamente el público tiende a pensar que aun estando reparado el rodado presenta inconvenientes que uno análogo que no hubiese necesitado reparaciones no tendría, ante lo cual, y para un mismo precio, seguramente opta por un vehículo que no haya debido ser reparado.

Si bien el perito, no indica porcentaje, el juez aquo lo ha fijado en un 20% considerando que se trata de la reparación de un motor fundido, además de los otros desperfectos relativos a la ventanilla y al desgaste de frenos prematuro, lo que resulta razonable y debe ser confirmado."

"Cabe señalar que es de la esencia del daño punitivo, la de ser una pena civil pecuniaria con evidente carácter sancionatorio y disuasorio, en tanto la indemnización común de los perjuicios sufridos, o por daño moral que menciona el juez aquo, se otorga a título resarcitorio o compensatorio. El daño punitivo no es una indemnización por daños sufridos, ni apunta a mantener la indemnidad de la víctima.

Así, de la propia naturaleza de la figura, como de su reglamentación legal, surge que no existe superposición ni duplicación indebida de conceptos al acordar la indemnización de los daños y el pago de los daños punitivos. Y no obsta a tal conclusión la circunstancia de que el juez a quo hubiera empleado similar argumentación para tratar la procedencia de uno y otro, o la similar cuantía reconocida, pues mas allá que los presupuestos de procedencia de uno y otro sean distintos (así, v.gr., mientras para el daño punitivo se requiere el elemento subjetivo, caracterizado como dolo o culpa grave; para la reparación de los perjuicios puede bastar la atribución de responsabilidad a título objetivo), no puede desconocerse que los elementos fácticos que se toman en cuenta, sean similares.

Al respecto, el Art. 52 bis de la Ley de Defensa del consumidor establece: Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta ley".

"En la especie surge, que si bien la demandada ha cumplido con la garantía al reparar el motor del vehículo, lo hizo morosamente, y no de manera inmediata, ya que la actora debió ingresar el automóvil en numerosas oportunidades hasta que se efectuó la referida reparación, por lo que el consumidor no ha recibido un trato digno como lo dispone el art. 42 de la Constitución Nacional, art. 8 bis de la LDC y art. 1097 del CCCN, a tal punto que incluso la actora tuvo que formular denuncia en la Dirección de Comercio, en la que se impuso una multa a la demandada, y también denuncia penal por estafa.

Conforme se ha señalado, hay que evitar la subordinación e indefensión ante las quejas y reclamos. ... En tal estado, corresponde aplicar la sanción por daños punitivos, porque la adquisición de un automóvil 0km implica que éste funcione sin inconvenientes durante los primeros años, salvo el mantenimiento mínimo requerido.

... Por lo tanto se fija en concepto de daño punitivo la suma de $20.000, que devengará el mismo interés fijado en la sentencia de primera instancia con relación al daño moral, es decir, la tasa del 8% anual desde el 26/08/14 hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (08/08/18) y desde allí en adelante y hasta el efectivo pago la tasa activa allí mencionada (fs.557 vta. y 568)."

Bloque dispositivo final (texto resolutivo que prevalece):

"RESUELVE:

I)MODIFICAR parcialmente la sentencia de fecha 08/08/18, corriente a fs. 548/558, en el sentido de que también se condena a las demandadas a pagar a la actora la suma de $25.000 en concepto de daño punitivo, con más los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia para la indemnización del daño moral.

II)COSTAS de la alzada conforme se consideran.

III) Oportunamente la regulación de honorarios."