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Tribunal Superior

PEREZ MARIO ANDRES c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

El actor reclamó daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. por incumplimiento de garantía de un teléfono celular; solicitó daño emergente, privación de uso, daño moral y daño punitivo. La Corte de Tucumán hizo lugar al recurso de casación, anuló parcialmente la sentencia de apelación y ordenó que la Cámara vuelva a pronunciarse sobre la actualización de intereses del daño moral y la cuantificación del daño punitivo por insuficiente motivación y desactualización.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
C2580/15
Danos y perjuicios Consumidor Garantia Dano moral Danos punitivos (multa civil) Intereses moratorios Actualizacion Motivacion judicial Telecom/telecom personal Casacion

¿Quién es el actor?

Pérez Mario Andrés.

¿A quién se demanda?

Telecom Argentina S.A. (Telecom Personal S.A.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por defectos en teléfono celular en garantía; peticiones de daño emergente ($3.099), privación de uso ($300), daño moral ($20.000) y daño punitivo ($20.000), y restitución del equipo (IMEI 35543206021855).

¿Qué se resolvió?

Se admitió el recurso de casación del actor, se casó y anuló parcialmente la sentencia de la Cámara de Apelaciones en cuanto al cómputo de intereses del daño moral (que había sido dispuesto desde la fecha del pronunciamiento) y respecto de la cuantificación del daño punitivo ($20.000), y se remitieron autos a la Cámara para nuevo pronunciamiento limitado a esos puntos. Se impusieron las costas del recurso a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las razones dadas por el A quo para resolver la procedencia del daño moral son acertadas, pero el modo de actualización de su cuantificación termina luciendo insuficiente. Los dos motivos esgrimidos por la Cámara, a los fines de la cuantificación, son: en primer lugar, que se trata del monto peticionado por el propio actor en su demanda del año 2015 (fs. 17) y, en segundo término, que en un precedente análogo de la propia Cámara (también del año 2015) se fijó una apreciación afín. Tal diseño retórico no luce arbitrario, al menos respecto de la cuantificación del daño moral en $ 20.000. Ahora bien, en las concretas circunstancias del caso, dicha cuantificación fijada a partir de criterios ya pretéritos, sin un adecuado estándar de 'actualización', devienen aparentes; en la medida que generan como derivación real una valía desajustada que no satisface el principio constitucional de una reparación íntegra, por las razones que se esgrimen seguidamente."

"Le asiste razón al recurrente en cuanto se agravia que la Cámara no haya especificado los montos indemnizatorios a valores actualizados bajo el principio de realidad, lo que, en el caso concreto, es corolario de que los intereses no se computen desde la fecha del perjuicio... En el sub lite, el Tribunal de mérito no dio ningún razón de porqué la actualización con intereses se dispuso desde la fecha del pronunciamiento, y no desde acaecido el perjuicio. Tal ausencia de apropiada fundamentación, sobre este tópico, deviene suficiente para descalificar el pronunciamiento atacado."

"Por ello, la imposición de una multa de $ 20.000 a una empresa como la demandada y tomando en cuenta la conducta reprochable asumida en las distintas instancias (comerciales, administrativas, judiciales), atenta sin lugar a dudas contra la finalidad que tuvo el legislador al importar el instituto de los daños punitivos a nuestro país, esto es -como ya se dijo- sancionar, prevenir y evitar que tales conductas se reiteren en el futuro. Ocurre que el monto resulta tan exageradamente pequeño, que no puede cumplir ni siquiera con la idea de justicia que el daño punitivo viene a imponer... No habiendo sido debidamente fundamentado el monto de daño punitivo y siendo el mismo exiguo tomando en consideración los parámetros que se debió tomar en cuenta conforme las constancias de autos, ni sirviendo dicho monto para cumplir con la finalidad para el que fuera creado el instituto en el derecho del consumidor, el razonamiento sentencial deviene descalificable en este punto."

(Votos concurrientes: Drs. Daniel Leiva —preopinante—; Antonio D. Estofán y Daniel Oscar Posse; no hubo votos en disidencia).

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