GARCIA ISIDRO c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD Y DAñOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Isidro García (parte actora).

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (ente autárquico).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad y daños y perjuicios derivados de la caducidad de la concesión de quiniela y actos administrativos (Resolución de Gerencia General N° 025/20 y Resolución de Intervención N° 995/20).

¿Qué se resolvió?

La Corte NO HACE LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la Sentencia N° 336 de la Cámara, confirmando la improcedencia de la demanda por falta de legitimación para obrar del actor por firmeza del acto administrativo (incumplimiento del requisito de agotar la vía administrativa mediante el recurso de alzada previsto en el art. 68 de la ley 4.537). Se imponen costas al recurrente y se reserva regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En cuanto al agravio del recurrente que pretende ampararse en el supuesto previsto por el artículo 13, último párrafo, del CPA, ya se ha explicado: 'para que pueda operar dicha excepción (por la vía - claro está- de la remisión del artículo 10, inciso 5, del mismo digesto) es necesario que la ineficacia del procedimiento administrativo sea anterior a la firmeza y no, como en el caso, que tal ineptitud se presuma a partir de una conducta de la Administración que ha sido exteriorizada con posterioridad, en la contestación de demanda, máxime cuando esta última es la oportunidad que el ordenamiento procesal fija, precisamente, para oponer la defensa de acto firme que no obedece a la caducidad de la acción sino a la falta de interposición de los recursos administrativos pertinentes [cfr. actual art. 41, inciso 1, del CPA].'"

"Ergo, lejos de trasuntar un 'ritualismo inútil', la articulación del recurso previsto en el artículo 68 de la ley 4.537 luce en el supuesto de autos como el medio adecuado a través del cual el actor debió canalizar oportunamente su derecho de defensa, procurando una eventual revocación de la caducidad de la concesión de quiniela por parte del Poder Ejecutivo, que es, precisamente, el órgano que ejerce el denominado 'contralor de tutela' sobre la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán y los restantes entes autárquicos que conforman la Administración descentralizada."

"Resulta vano todo intento por torcer el consolidado criterio jurisprudencial que impera sobre la cuestión debatida en autos, en la medida que no se aporten nuevas razones y argumentos de convicción que refuten o superen a los desarrollados en fundamento de aquél ... nada de lo cual alcanza a lograr el recurso bajo estudio."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (doctores Eleonora Rodríguez Campos, Claudia Beatriz Sbdar y Daniel Leiva). No hay disidencias.