FERNANDEZ HECTOR RICARDO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTRO s/ ESPECIALES (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Héctor Ricardo Fernández.

¿A quién se demanda?

Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y otro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización de daños y perjuicios por la imposibilidad de adquirir las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada (PPP).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia de Tucumán contra la Sentencia Nº 154 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 11/04/2016; se imponen las costas a la demandada y se reserva la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

III.- "En lo que es materia de impugnación, la sentencia atacada rechaza la excepción de prescripción (punto III) que la Provincia de Tucumán opuso a la demanda que en su contra promoviera Héctor Ricardo Fernández, reclamando la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la imposibilidad del actor de adquirir las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada (en adelante PPP).

Para así resolver, señala que esta Corte ha sentado una posición clara sobre el tópico en Sentencia Nº 1.244/2007 (in re “Sucesión de Ávila, Luis Alberto vs. Provincia de Tucumán s/ Cobro de Pesos”), al sostener que la acción relativa al programa de propiedad participada [en adelante PPP], según ley nacional 23.696, no puede subsumirse en una de responsabilidad extracontractual del Estado ni en una puramente comercial o laboral, dado que se trata de cuestiones que remiten a relaciones jurídicas atípicas que, por su novedad y complejidad -debidas mayormente a la regulación de materias interdisciplinarias- escapan a aquellos márgenes habituales.

Aduce que, por ello, en el mentado precedente se concluyó -con cita a la CSJN- que las particularidades propias y específicas del reclamo vinculado al sistema de participación del proceso de privatización regulado por la normativa particular prevista en las leyes 23.696, 23.697 y 24.145 no es asimilable a la hipótesis del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT); que tampoco le son aplicables los plazos bienal del artículo 4.037 del Código Civil (CC) ni el trienal del artículo 848 inciso 1° Código de Comercio en tanto no existe norma que cubra específicamente la situación en conflicto en el presente caso; y que -por ende- se deberá aplicar el término de prescripción decenal que tiene carácter residual (arg. art. 4023, 1° párr. CC)."

V.- "El rechazo del recurso se impone habida cuenta que la impugnación que la demandada intenta en esta instancia extraordinaria apunta, paradójicamente, contra una decisión de la Cámara que es enteramente consecuente con el criterio en cuanto al plazo de prescripción que rige para las acciones del tipo a la aquí promovida, que este tribunal de casación fijó a partir de la Sentencia Nº 1.244 del 21/12/2007, en la causa 'Sucesión de Ávila, Luis Alberto vs. Provincia de Tucumán s/ Cobro de Pesos', y que en lo sustancial reiterara mediante Sentencia Nº 912 del 02/10/2009... Contrariamente a lo que sugiere la quejosa, ninguna diferencia hace entre el supuesto de autos y los resueltos en los precedentes citados la circunstancia de que a la época del dictado del acto jurisdiccional aquí recurrido se encuentren ya vigentes el Código Civil y Comercial y la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado. En efecto, como bien se apunta en el dictamen fiscal ... 'la modificación ex post facto del marco normativo -con la sanción de la ley de responsabilidad del Estado 26.944 y su exclusión del régimen civil- no resulta un argumento de entidad para variar la solución del pleito en la medida que el quejoso no especifique cuál norma rige actualmente y se evidencie que la disposición tiene efecto retroactivo y que no afecte las garantías constitucionales de los administrados (art. 7 CCC).' ... Corresponde rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por la Provincia de Tucumán contra la Sentencia Nº 154 dictada por la Sala III ..."

¿Cómo votaron los jueces?

la sentencia fue unánime. Los Dres. Eleonora Rodríguez Campos (voto que abre el acuerdo), Claudia Beatriz Sbdar y Daniel Oscar Posse votaron en igual sentido.