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Tribunal Superior

PROPATO DE CASTELLI RICARDO ALFREDO c/ OBRAS SANITARIAS DE TUCUMAN (S.A.T) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

El actor promovió demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Tucumán (Obras Sanitarias/ SAT). La Corte hizo lugar al recurso de casación de la demandada, casó la sentencia de Cámara y declaró la caducidad de la instancia por perención, imponiendo costas a la parte actora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
981/07
Perencion Caducidad de la instancia Recursos de casacion Danos y perjuicios Provincia de tucuman Costas Impulso procesal Art. 14 cpa Art. 211 cpcyc (ex) Doctrina vinculante Voto en disidencia

¿Quién es el actor?

Ricardo Alfredo Propato de Castelli.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Obras Sanitarias de Tucumán - S.A.T. / codemandada Compañía Aguas del Aconquija S.A. en el trámite).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Juicio de daños y perjuicios contra la Provincia de Tucumán.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada; se casó íntegramente la Sentencia N° 91 de la Sala II de la Cámara y se dictó como resolución sustitutiva declarar la caducidad de la instancia principal por perención, imponer costas a la parte actora y reservar pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ergo, y teniendo en cuenta lo dictaminado por el Ministerio Público en cuanto a que operó en la especie la caducidad de la instancia habida cuenta que, entre el 20/8/2020 (fecha en que se dictó la providencia mediante la cual se ordenó agregar oportunamente los alegatos) y el 28/4/2021 (cuando la parte actora solicita que pasen los autos a despacho para resolver), ha transcurrido el plazo de ciento veinte días hábiles previsto en el artículo 14, inciso 1, del CPA, sin actuación impulsora alguna con efectos interruptores de la perención y sin que la incidentista hubiera consentido la referida actividad impulsora, (ya que opuso la caducidad dentro del quinto día en que se dictó la providencia del 30/4/2021, lo que impidió que opere la purga de la caducidad cumplida), se deja íntegramente sin efecto la Sentencia N° 91 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de marzo de 2022 y se dicta como sustitutiva la siguiente: 'I.- HACER LUGAR al planteo de perención planteado por la Provincia de Tucumán y en consecuencia DECLARAR la caducidad de la instancia principal del juicio por daños y perjuicios promovido en contra de aquella por Ricardo Alfredo Propato de Castelli. II.- COSTAS, tanto del principal como del incidente de perención, a la parte actora (cfr. ex art. 212 y arts. 105 y 106 del CPCyC, respectivamente). III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para ulterior oportunidad. HÁGASE SABER'."

"Como corolario de lo expuesto anteriormente, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora sobre la base de la siguiente doctrina legal: 'Resulta contraria a derecho y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, apartándose de la doctrina judicial imperante en la materia y sin fundamento normativo alguno, rechaza un planteo de perención con la sola invocación de una circunstancia que no encuadra en ninguno de los supuestos de improcedencia de la caducidad de instancia que tipifica el ex artículo 211 del CPCyC'."

¿Cómo votaron los jueces?

El Vocal Dr. Daniel Leiva votó en sentido contrario y propuso: "I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 22/03/2022, conforme lo considerado en el apartado 3. II. COSTAS, como se consideran. III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad." Su voto sostuvo que existía deber judicial de actuación (art. 30, 36 CPCyC; art. 55 CPA) y que la inactividad judicial podía eximir a la parte actoral de la carga impulsiva, por lo que rechazaba la declaración de caducidad en este caso.

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