RUIZ MARIA VIRGINIA c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBROS (ORDINARIO)

¿Quién es el actor?

Ruiz María Virginia (parte actora).

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reintegro de la suma dada en depósito de garantía por la adjudicación y titularidad de la Agencia de Quiniela n° 28 (período 2003-2019).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la actora contra la Sentencia N° 1040 de la Cámara (28/10/2024). Se imponen las costas a la recurrente y se reserva el pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo que hace a la valoración de las pruebas del juicio, corresponde discriminar dos aspectos: la selección de las pruebas por el Juzgador y la aplicación del art. 40 [hoy art. 136] del CPCC. En el primero, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa y sobre este concepto, no corresponde reexaminar por vía de casación el criterio adoptado por los tribunales de grado respecto a la selección de las pruebas computables. Respecto a este punto, y en relación a la imputación de arbitrariedad que el recurrente lanza contra la sentencia del tribunal ‘A quo’, esta Corte tiene dicho que, entre las facultades de los jueces de grado, se encuentra la de merituar o no de manera expresa alguna probanza. El supuesto de arbitrariedad se configura cuando elementos probatorios conducentes y pertinentes han sido injustificadamente omitidos en la línea argumental del pronunciamiento, situación que no se presenta en el caso en examen. En cuanto al segundo de los aspectos señalados o sea la aplicación del art. 40 del CPCC en el acto de dictar sentencia, cabe destacar que el valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar por qué da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; su infracción sólo puede invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el absurdo; todo ello reiteramos, porque las reglas de la sana crítica no constituyen normas jurídicas sino de lógica, que sólo se infringen cuando se hace una valoración manifiestamente absurda, lo que no sucede con el fallo de la Cámara" (CSJT, sent. n° 587 del 26-08-2020, "Ortiz, Francisco Arturo vs. Matadero Frigorífico Moderno Arnaldo Velardez S.A. s/cobro de pesos" y sus citas, entre muchos otros pronunciamientos de esta Corte).

"En definitiva, la Cámara ha distribuido correctamente la carga probatoria y ha pesar sobre las partes las cargas que le correspondía a cada una de ellas a los fines de tener por acreditado, o no, el presupuesto de hecho en el que cada una de las partes sustentó su pretensión, defensa o excepción (art. 322, CPCyC). En esa operación no se advierte que, como afirma la actora en su recurso, el Tribunal sentenciante hubiera debido hacer cargar a la demandada con la carga de acreditar el presupuesto de hecho de la pretensión de la actora. No se advierte que la Caja Popular se encuentre en una situación más favorable que la actora para esclarecer los hechos controvertidos en este expediente ni tampoco se advierte, como se señaló más arriba, que el estándar probatorio exigido por la Cámara fuera de tal envergadura que la haya colocado en una situación indebida de inferioridad o que no se hubiera encontrado en condiciones de afrontar."

¿Cómo votaron los jueces?

rechazó el recurso por no configurar arbitrariedad en la valoración probatoria; la pericia y el informe de AFIP no acreditaron con certeza la inexistencia de deuda que exige el Reglamento y Pliego para ordenar devolución de la garantía.