RIERA NESTOR ALEJANDRO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Riera Néstor Alejandro (parte actora).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Miguel de Tucumán y otra.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios; además inconformidad con la regulación de honorarios profesionales.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Nº 608 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 17/10/2017; costas a cargo de los recurrentes; se reserva pronunciamiento sobre regulación de honorarios para oportunidad ulterior.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripciones textuales relevantes (2-3 párrafos del fallo):

"Lejos está el recurso en examen de correr una mejor suerte puesto que el quejoso se contenta con afirmar que de la literalidad del artículo 1 de la ley 24.432 no surge ninguna distinción en cuanto a la parte que resultó condenada en costas, mas sin hacerse cargo en absoluto del argumento que en dicho precedente se esgrime, consistente en que como el rechazo de la demanda de daños en todas su partes implica que en el sub iudice nunca existió obligación de indemnizar por parte de la Municipalidad demandada, mal puede reclamarse un prorrateo si falta el 'monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo', sobre el cual se calcula el veinticinco por ciento (25%), como así tampoco se configura el presupuesto legal del 'incumplimiento de la obligación' que requiere la norma de marras."

"Desde la perspectiva descripta resulta irrelevante la circunstancia -alegada por la quejosa- de que el artículo 1 de la ley 24.432 no distinga de modo explícito entre parte actora y parte demanda, puesto que lo verdaderamente decisivo para establecer la aplicación o no de una norma legal a un caso determinado es la configuración a su respecto del presupuesto de hecho que aquella consagra, lo cual -como se ha visto- no acontece en la especie."

"Igualmente inatendible resulta el agravio referido a una supuesta violación del tope máximo de la escala que fija la ley arancelaria local. En efecto, basta un mero cotejo entre el monto cuestionado ($50.000) y la base regulatoria ($233.770,58) para advertir el pretendido exceso no es tal sino que responde a un yerro en los cálculos del recurrente, al soslayar que el letrado Ferro no ha intervenido sólo como patrocinante sino también como apoderado de la Municipalidad demandada."

Citas textuales importantes: las anteriores, y la referencia jurisprudencial a la Sentencia Nº 1.197 (28/12/2012, Neder) y a la doctrina de la CSJN que indica que "la restricción incorporada por la ley 24.432 ... sólo alcanza a los supuestos en que mediare 'incumplimiento de la obligación' por parte del deudor, presupuesto que no concurre en el caso en la medida en que el Tribunal ha dictado sentencia desestimando la demanda" (cita CSJN 07/7/1998).

¿Cómo votaron los jueces?

Voto preopinante de la Dra. Eleonora Rodríguez Campos (fundamentación detallada), adhesión del Dr. Antonio D. Estofán y voto de la Dra. Claudia B. Sbdar que adhiere y suma consideraciones doctrinales; acuerdo unánime en el dispositivo.