Juan Simon Morillas

Actor (recurrente): Juan Simón Morillas, comerciante con establecimiento comercial en Santa Fe.

¿A quién se demanda?

Dirección General Impositiva (DGI).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

impugnación de la clausura por tres días de su establecimiento, dispuesta por la DGI (art. 44, inc. 1°, ley 11.683) por emitir "tickets" que no cumplían los requisitos de la resolución general 3118 (domicilio, lugar de emisión, descripción detallada de lo vendido, importes parciales y monto total).

¿Qué se resolvió?

se declaró admisible el recurso de hecho y procedente el recurso extraordinario, y se dejó sin efecto el fallo apelado, con costas, para que se dicte un nuevo pronunciamiento. El fundamento es el considerando 11: el fallo omitió examinar y valorar los argumentos exculpatorios sobre la imposibilidad de cumplir las exigencias reglamentarias, y en materia sancionatoria rige el principio de culpabilidad (Fallos: 271:297). La mayoría sostuvo además que el art. 44, inc. 1°, es constitucional y que las exigencias de la resolución 3118 son razonables; que el decreto 292/91 no es aplicable porque sólo alcanza obligaciones pecuniarias y no deberes formales. La mayoría no aceptó el planteo de irrazonabilidad y dejó expresamente a salvo el alcance de la clausura en el considerando 12.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Este examen resulta insoslayable desde que, en cuestiones de índole sancionatoria, la Corte ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297)."

"...aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (Fallos: 278:266)."

"El debate sobre la razonabilidad de una ley no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de los resultados posibles de su aplicación..."

¿Cómo votaron los jueces?

Belluscio y Petracchi (disidencia parcial): declaraban inadmisibles los agravios a) a d) y sostenían que el decreto 292/91 no alcanza a los deberes formales, pero consideraban que la omisión de examinar la imposibilidad de cumplimiento (agravio h) era arbitraria y dejaban sin efecto el fallo sólo en ese punto. Afirmaban además la constitucionalidad del art. 44, inc. 1°.

Boggiano (disidencia total): hacía lugar parcialmente y confirmaba la sentencia apelada. Sostenía que la imposibilidad inimputable de cumplir (caso fortuito o fuerza mayor) debe excluir la sanción, pero que no se había probado en el caso, y que no es exigible demostrar dolo ni peligro concreto.