Generoso Mazza y Ütro

¿Quién es el actor?

Enrique Antonio Romera (perito médico del Poder Judicial, solicitante del beneficio).

¿A quién se demanda?

Comisión Nacional de Previsión Social (ente previsional).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

jubilación ordinaria en los términos de la ley 18.464, modificada por la ley 19.940, con 40 años, 5 meses y 27 días de servicios, de los cuales 17 años y 21 días como perito médico del Poder Judicial.

¿Qué se resolvió?

se declaró bien concedido el recurso extraordinario y se confirmó la sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había revocado la resolución administrativa y ordenado otorgar el beneficio.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"[E]l arto 63, inc. d, párrafo segundo del decreto ley 1285/58, ratificado por la ley 14.467, dispone con relación a los peritos: 'cuando el título requerido fuera universitario, los peritos tendrán la misma jerarquía y gozarán como mínimo de igual sueldo que los procuradores fiscales de primera instancia. Para todos los peritos regirá lo dispuesto en el arto 15 de este decreto ley'."

"[L]a ley 22.969, anexo 1, asigna a los que ocupan dicho cargo igual retribución que la que corresponde al de fiscal de primera instancia, y sobre tales conceptos remuneratorios se efectúan aportes al sistema de previsión social; por lo que resulta claro que si en cabeza de dichos funcionarios recaen las obligaciones que impone dicho sistema, corresponde también reconocerles los derechos sobre la materia."

"[S]i el efecto propio de la equivalencia es extender las obligaciones del campo de la seguridad social, debe aceptarse que están comprendidos los derechos correlativos a aquellas obligaciones, pues de lo contrario se caería en una indebida desprotección del funcionario desde el punto de vista de su condición específica, tal como lo ha señalado este Tribunal en Fallos: 248:745, por lo que corresponde dar aquí por reproducidos los fundamentos expuestos en dicho precedente."

Respecto del agravio del ente previsional (enumeración taxativa del art. 1 de la ley 18.464 y carácter de régimen especial de interpretación estricta), la Corte lo consideró cuestión federal bastante para su examen, pero el fallo no lo rebate expresamente: la solución descansa en la equivalencia remuneratoria y en la correlación entre obligaciones y derechos.