FASSIO ROBERTO JORGE c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Roberto Jorge Fassio.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reajuste por movilidad del haber previsional obtenido al amparo de la Ley 24.241, recálculo, pago de diferencias retroactivas con actualización e intereses, bonos de refuerzo previsional, y declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.426, la Ley 27.541, los Decretos 163/2020, 495/2020, 542/2020, 692/2020 y 899/2020, y la Ley 27.609 y el Decreto 274/2024.

¿Qué se resolvió?

el Juzgado rechazó la demanda, impuso las costas por su orden y reguló honorarios a la dirección letrada de la parte actora en 5 UMA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Respecto de la Ley 27.426, el Tribunal sostuvo: "al comparar, soslaya un elemento fundamental. A saber, que la nueva fórmula otorga incrementos trimestrales en lugar de los aumentos semestrales previstos por el cuerpo normativo antes indicado". Asimismo, señaló que la retroactividad no generó lesión a derechos patrimoniales, porque "su derecho al reajuste del haber, hubiese quedado recién incorporado a su patrimonio en el mes de marzo de 2018, momento en que la nueva ley ya se encontraba vigente".

Respecto de la Ley 27.541 y las leyes de emergencia, citó a la CSJN en "Peralta": "cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos."

Sobre la sustitución de la fórmula de movilidad, indicó: "la sustitución del mecanismo de movilidad por otro de diferente naturaleza no irroga agravio constitucional alguno, pues no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y reglamentaciones."

Respecto de los refuerzos previsionales, sostuvo: "este deterioro no se corregirá otorgando beneficios a quienes el legislador excluye expresamente por razones de bien común general, sino incrementando el poder adquisitivo de las prestaciones."

Sobre la declaración de inconstitucionalidad, concluyó que debe ser "ultima ratio" y procedente "únicamente cuando la repugnancia de la norma con la Constitución sea manifiesta, clara e indudable", por lo que no correspondía hacer lugar al planteo respecto del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.