GUANUCO RAUL RODOLFO C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 30636591226 Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

Raúl Rodolfo Guanuco, empleado público de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires y Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a que la bonificación por antigüedad se liquide al 3% por la totalidad de los años de servicio, con declaración de inconstitucionalidad de toda norma que haya fijado un porcentaje inferior o lo haya eliminado, con reconocimiento retroactivo de las sumas no prescriptas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad en un 3% y/o el que corresponda, atento la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905 y sus similares, y del decreto 240/96. Rechazó la prescripción total, admitió la prescripción parcial de las sumas devengadas con anterioridad a dos años de la interposición del reclamo, impuso costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'."

"...si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada."

El Estado puede reducir salarios sólo ante situaciones excepcionales de emergencia, con efectos generales y vigencia transitoria, lo que en el caso no se verificó: "no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy nueve años se siguen abonando con la disminución."

"...no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales", pues el decreto 240/96 exceptuaba a todo el personal del Poder Judicial con nivel salarial 20, y no sólo a los magistrados.

Se rechazó el argumento fiscal basado en "Álvarez", por cuanto allí no existía vulneración constitucional alguna, situación distinta a la de autos.

Respecto de la prescripción, se trató de un hecho continuado; la prescripción total no operó, pero las diferencias anteriores a dos años desde el reclamo quedaron prescriptas.

La condena no se extiende al organismo previsional que no fue demandado, por falta de legitimación pasiva para ese sector.