GAMARRA HECTOR c/ GENDARMERIA NACIONAL Y OTROS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Héctor Gamarra.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Gendarmería Nacional fue demandada y se le hizo lugar a su excepción de falta de legitimación pasiva.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de la ley 22.788 y del decreto 679/1997, cese de los descuentos de "Aporte Previsional" y reintegro de lo descontado.

¿Qué se resolvió?

(I) se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de Gendarmería Nacional, con costas por el orden causado; (II) se hizo lugar parcialmente a la demanda y se condenó a la demandada a restituir en 90 días las diferencias por los aportes efectuados en virtud del decreto 679/1997 (3%), desde los dos años previos a la interposición del reclamo administrativo o de la demanda, con intereses, y a recomponer el haber mensual de la parte actora; (III) se desestimó el planteo referido a la ley 22.788; (IV) se impusieron las costas a la demandada vencida; (V) se difirió la regulación de honorarios para la liquidación definitiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la legitimación: "dado que de las constancias de autos se desprende que al momento de interposición de la acción la obligada al pago de los haberes de los actores era la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, corresponde aceptar la excepción deducida por Gendarmería Nacional".

Sobre la ley 22.788, la sentencia se remite a la CSJN en "PINO SEBERINO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL- MINISTERIO DEL INTERIOR" (Fallos: 344:2690), que sostuvo que "la modificación de una norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitucional, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad".

Sobre el decreto 679/1997, la CSJN resaltó que no se demostró que "el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia", y que "traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé". Por ello el tribunal declaró su inconstitucionalidad.

Sobre intereses y prescripción: los intereses se calculan según la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, desde que cada suma fue debida hasta el efectivo pago. La prescripción se admite respecto de los créditos anteriores a los dos años previos al reclamo o demanda, salvo que no haya transcurrido ese plazo desde el dictado del decreto (art. 2, ley 23.627).