MARTINEZ HORACIO ALBERTO Y OTROS c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTROS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Horacio Alberto Martínez y otros (con José Barreiro y Luis Parra, Luisa Catalina Parra, en la carátula).

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Seguridad - Prefectura Naval Argentina - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley 23.186, en cuanto incrementó del 8% al 11% el aporte previsional del personal retirado de la Prefectura Naval Argentina, y reintegro de las sumas retenidas en exceso (3%), con intereses.

¿Qué se resolvió?

rechazar la demanda; imponer las costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); regular honorarios de la representación letrada de la parte actora en 10 UMA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la normativa impugnada tiene como principal objetivo el de adoptar medidas especiales que permitan satisfacer con inmediatez la necesidad previsional, estableciendo primero y aumentando luego, el porcentaje de los aportes personales del personal retirado de la Prefectura Naval Argentina, contribuyendo a la ayuda al Estado con la carga de financiamiento del sistema, determinada una proporcionalidad entre el haber del personal activo y el pasivo."

"...cobra relevancia la especificidad del régimen cuestionado, resultando improcedente la comparación con el régimen jubilatorio de otras fuerzas que tienen su ordenamiento particular..."

"...la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como un remedio de carácter excepcional."

Respecto de "Pino Seberino" (Fallos 344:2690): "...nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad..., más aún cuando la imposición de dicha carga se sustenta en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial..." El tribunal señaló que la declaración de inconstitucionalidad del DNU 679/1997 en ese precedente se fundó en la falta de los recaudos del art. 99 inc. 3 CN, situación que no se configura en autos, por lo que la solución allí adoptada resulta inaplicable.