NORES EFRAIN OVIDIO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

NORES EFRAIN OVIDIO.

¿A quién se demanda?

ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

recálculo y reajuste del haber previsional (PBU-P.C.-PAP) obtenido conforme el art. 17 de la ley 24.241, con fecha de adquisición del derecho el 04/11/2021 y alta el 01/11/2022. Se cuestionaron el mecanismo de determinación del haber inicial, la actualización de la PBU, los topes de los arts. 25 y 26 de la ley 24.241 y el art. 9 de la ley 24.463, la movilidad de las leyes 26.417, 27.426, 27.541 y 27.609, el decreto 274/24 y el impuesto a las ganancias.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar parcialmente a la demanda, se dejó sin efecto la resolución impugnada y se hizo lugar a la excepción de prescripción del art. 82 de la ley 18.037 respecto de los créditos anteriores a los dos años del reclamo administrativo. Se ordenó a la ANSeS practicar la liquidación y, de existir diferencias, poner al pago el haber inicial recalculado en el plazo de ciento veinte días. Las diferencias devengarán intereses a la tasa pasiva promedio del Banco Central. Se declararon las costas por su orden (art. 68 inc. 2 CPCCN) y se difirió la regulación de honorarios (art. 23 inc. c, ley 27.423). Se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad de la ley 27.609 y del decreto 274/24, se desestimó el reclamo por daño moral y se aplicó el criterio de la CSJN en “García, María Isabel” respecto del impuesto a las ganancias. Los restantes planteos se declararon abstractos o sin demostración de perjuicio concreto.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

el beneficio se otorgó bajo el régimen del art. 17 de la ley 24.241, por lo que corresponde estarse a los índices de la ley 26.417 (modificada por la ley 27.609) para actualizar las remuneraciones de la P.C. y la P.A.P. Respecto de la PBU, se ordenó verificar la merma confiscatoria según el precedente “Quiroga” de la CSJN (umbral del 15%) y, de corresponder, redeterminarla y declarar la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 24.241 modificado por la ley 26.417. Los topes de los arts. 25 y 26 de la ley 24.241 sólo serían inconstitucionales si provocan una merma superior al 15%, conforme “Actis Caporale” y “Sánchez”. La fórmula de movilidad de la ley 27.609 se rechazó por no acreditarse un gravamen concreto y confiscatorio, según “Badaro” y “Fernández Pastor”. Sobre el daño moral, se señaló que el accionar del organismo fue ejercicio regular de un derecho (arts. 1716 y 1718 a CCyC).