LOPEZ RAUL AGUSTIN Y OTRA c/ B.C.R.A. s/COBRO DE AUSTRALES

¿Quién es el actor?

Raúl Agustín López y Teresa Urdaneta de González.

¿A quién se demanda?

Banco Central de la República Argentina.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cumplimiento de la garantía legal (art. 56, ley 21.526) respecto de los certificados de depósito a plazo fijo nos. 71.683, 71.732 y 87.695, ajustables por cláusula dólar, de la Caja de Crédito Versailles Coop. Ltda.

¿Qué se resolvió?

la mayoría (Nazareno, Fayt, Belluscio, Vázquez, con voto concurrente de Bossert) confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda. Moliné O'Connor y Boggiano, en disidencia, habrían revocado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Este Tribunal ha sostenido que la garantía legal prevista en el artículo 56 de la ley 21.526 sólo ampara los negocios genuinos y legítimos (Fallos: 311:769...)" [...] "el Banco Central tiene la carga [...] de velar por la legitimidad del reclamo de los ahorristas, y sólo se encuentra obligado a garantizar las operaciones genuinas de depósito y no aquellas donde se demuestra que la causa u origen es fraudulento."

"Al no tratarse de un caso en que la ley presume la simulación, es el Banco Central quien debe allegar al proceso la prueba de los hechos que constituyen presunciones, las que por su número, precisión, gravedad y concordancia, pueden formar la convicción del juzgador sobre la existencia de un negocio simulado."

Irregularidades acreditadas: ausencia de registro contable de la emisión; falta de constancia del ingreso de fondos en las planillas de caja; carencia del sello de la única caja habilitada; sello de tesorería correspondiente a certificados no contabilizados; recepción de los certificados en una oficina y no en caja; fórmulas anuladas en blanco según el control del Banco Central.

Sobre el origen de los fondos: "dicha operación -celebrada en un instrumento privado- no puede ser opuesta al ente de control como prueba del origen de los fondos por carecer de fecha cierta (art. 1035 del Código Civil) anterior a la emisión de los certificados de depósito." Además, se advirtió contradicción entre lo declarado por los actores, el convenio y la testimonial del comprador respecto de la forma de pago.

"Lo expuesto torna inverosímil la declaración formulada por la actora en cuanto a la disponibilidad de fondos cuya restitución reclama."

¿Cómo votaron los jueces?

sostuvo que la garantía sólo exige la acreditación de la imposición y la declaración jurada (Fallos 311:2746 y 315:2223); que las anomalías formales no bastan para presumir maniobra dolosa porque forman parte de irregularidades generales de la entidad; que el origen de los fondos fue razonablemente probado; y que la pretensión de no concreción de la imposición exige prueba directa o fuertes indicios de vinculación dolosa con el personal de la entidad, lo que no se acreditó. Propuso revocar la sentencia.