COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL c/ EN PEN LEY 25414 DTO 1204/01 s/AMPARO

¿Quién es el actor?

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (C.P.A.C.F.).

¿A quién se demanda?

Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo contra el decreto 1204/01, arts. 31 (exención de bonos de derecho fijo a abogados que representan al Estado) y 51 (ejercicio de la profesión sin otra matrícula que la del Registro de Abogados del Estado).

¿Qué se resolvió?

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala V) confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 31 y 51 del decreto 1204/01.

Qué recomienda la Procuración General: Declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia de la Cámara.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre legitimación: "…el C.P.A.C.F. es 'una persona de derecho público, desde que no se la concibe como una asociación de derecho común…' sino como 'el órgano que en el ámbito de la delegación transestructural de las funciones estaduales es revestido de naturaleza pública…'" (citando Fallos 308:987). Además, la ley 23.187, art. 11, dispone que "el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley".

Sobre el art. 31 (bonos de derecho fijo): "…no resultan atendibles los argumentos del Estado Nacional para defender la constitucionalidad del decreto 1204/01, fundado en la delegación legislativa efectuada por el art. 11 de la ley 25.414, toda vez que… lo dispuesto en el art. 31 del decreto previamente citado colisiona con la limitación constitucional infranqueable que supone la materia tributaria para los decretos del Poder Ejecutivo." Se remarca que "ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo".

Sobre el art. 51 (matriculación): "…el decreto 1204/01, en cuanto autoriza el ejercicio de la profesión a abogados no matriculados… es inconstitucional, porque sustrae del control de aquel ente a una parte de los que deberían estar sujetos a su fiscalización, lo que se hallaba expresamente vedado por el art. 1, ap. I, inc. f), de la ley delegante."

Sobre la derogación de la ley 25.414: el dictamen sostiene que el caso mantiene interés jurídico porque el decreto 1204/01 sigue vigente, conforme al art. 61 de la ley 25.414.