Mario E. Rodriguez y Otrosv. Luciano B. Menendez y Otros

¿Quién es el actor?

Particulares damnificados y el Ministerio Público Fiscal (como parte acusadora en el proceso).

¿A quién se demanda?

Carlos Guillermo Suárez Mason y otros oficiales de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el período de la dictadura militar.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de los autos de procesamiento dictados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto de la aplicación de las leyes 23.492 (punto final) y 23.521 (obediencia debida).

¿Qué se resolvió?

Declarar extinguida la acción penal respecto de Aníbal Gordon por su muerte. Confirmar el auto de fs. 3979/89 y el punto II de fs. 4168/75. Confirmar parcialmente el punto I de fs. 4168/75, manteniendo los procesamientos de Suárez Mason, Montes, Sasiaiñ, Paladino y Roualdes. Revocar parcialmente el punto I de fs. 4168/4175 y dejar sin efecto el procesamiento de Olivera Róvere, Ferrero, Sigwald, Mariani, Comes y Barda.

Nota sobre la mayoría: El voto de Belluscio propone declarar extinguida la acción penal respecto de Mariani, Comes, Roualdes, Ferro y otros por la ley 23.492, y dispone una serie de excarcelaciones y confirmaciones. Sin embargo, la parte resolutiva final que encabeza el documento (firmada por Petracchi, en disidencia con los fundamentos de la mayoría pero incorporando el bloque final en su voto) es la que define el dispositivo. Los votos de Bacqué y Petracchi, que declaran la inconstitucionalidad de la ley 23.521 y la derogación de la obediencia debida frente a la Convención contra la Tortura, quedaron en minoría y no forman la decisión del tribunal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la ley 23.492: "la pendencia de los recursos de queja no puede considerarse jurídicamente como el impedimento a que se refiere el arto 4º de la ley 23.492 para que el tribunal a quo resolviese sobre el procesamiento de los imputados" (voto de Belluscio, considerando 6).

Sobre la extinción de la acción penal: "lo relativo a la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente" (considerando 7).

Sobre la competencia: "la competencia de apelación de la Corte (art. 5º de la ley 23.521) está habilitada única y exclusivamente para resolver sobre el acierto con que ha sido aplicada a sus destinatarios la condición objetiva de no punibilidad" (considerando 16).

Sobre los jefes de subzona: los juicios sobre "capacidad decisoria" y "participación en la elaboración de órdenes" "no tienen otra significación que la de permitir a los magistrados discernir si esos oficiales están alcanzados por aquella condición" (considerando 19).

Sobre la disidencia de Bacqué: "la ley 23.521 se ha derogado en la medida en que instituyó una causal exculpatoria —la obediencia debida— del delito de tormentos" (disidencia, considerando 9). Y: "la ley 23.521 es inconstitucional por ser contraria a los arts. 1, 18, 94, 95 y 100 de la Constitución Nacional" (disidencia, considerando 11).