VIGIL CONSTANCIO Y OTROS s/CONTRABANDO

¿Quién es el actor?

No corresponde (causa penal; intervino el Ministerio Público Fiscal).

Demandado / imputados: Constancio Carlos Vigil, Juan Carlos Albarracín y Ana María Dubovis de García.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Contrabando calificado (arts. 864 inc. b y 865 inc. a del Código Aduanero), por la importación de un automotor bajo el régimen de franquicia para discapacitados, utilizado por una persona no discapacitada para eludir la prohibición de importar automotores vigente.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revocó la sentencia de primera instancia y condenó a Vigil y Albarracín como coautores, y a Dubovis de García como partícipe secundaria, a dos años y seis meses, dos años y un año de prisión en suspenso, respectivamente. Los recursos extraordinarios de la defensa fueron concedidos. El dictamen del Procurador General propone confirmar íntegramente el pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la intervención de la escribana (Dubovis de García): "...para establecer si una conducta determinada afecta ese control -que constituye el bien jurídico protegido- hay que ponderar si dicho proceder... pudo incidir sobre la mercadería tanto en la aplicación de prohibiciones o restricciones, como en la correcta percepción de los gravámenes..."

Sobre el elemento subjetivo: la intervención notarial, unida a otras constancias (poder anterior a la importación, ignorancia de Albarracín para conducir, firmas apócrifas en la solicitud de registro, service del vehículo por Vigil), "permiten presumir la existencia del propósito de alterar el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería importada".

Sobre la ley penal más benigna: no es aplicable el art. 2 del Código Penal a modificaciones que responden a un cambio de tratamiento aduanero, conforme Fallos 293:670 y 310:462. Se cita además "San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales s/presuntas infracciones tarifarias" (17/11/1994): "...el orden público económico... cuyo resguardo se debilitaría mortalmente si se despojase de toda consecuencia a la lesión infligida..."

Sobre la arbitrariedad: no existe contradicción en el fallo, pues la vigencia de la prohibición sólo se tuvo en cuenta para determinar la agravante del art. 864 inc. b, y el delito se habría configurado aun con la prohibición derogada.

Sobre la inconstitucionalidad o desplazamiento por la ley 19.279 y el decreto 1382/88: el recurso no refuta todos los fundamentos del fallo (art. 15 de la ley 48).