AGUA Y ENERGIA SOCIEDAD DEL ESTADO EN LIQUID. c/ ENTRE RIOS, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA

¿Quién es el actor?

Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado en liquidación.

¿A quién se demanda?

Provincia de Entre Ríos (que reconvino por la inconstitucionalidad del art. 13 del decreto 1192/92).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción declarativa para que se declare que no está obligada a tributar el impuesto a los ingresos brutos, ni es deudora de montos por ese concepto o por multas, recargos e intereses, por la compra de energía producida por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y su venta al mercado mayorista eléctrico, y que se declare la improcedencia de la resolución 2222/96 del Ministerio de Obras Públicas provincial, que había determinado una deuda de $ 49.994.882,43 más multa, reajustada luego a $ 59.721.848,03.

¿Qué se resolvió?

hizo lugar parcialmente a la demanda, declarando la improcedencia de la resolución 2222/96 en cuanto comprende deudas anteriores al 31 de marzo de 1991, y la rechazó en lo restante. Declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 13 del decreto 1192/92. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...el art. 12 de la ley 15.336 conserva su vigencia y no se vio afectado por los alcances de la ley 22.016." (considerando 3°). La exención del art. 12 "atiende a la naturaleza objetiva de las materias de la industria eléctrica", a diferencia del régimen subjetivo de la ley 22.016.

"...la ley 15.336 y sus modificatorias no consagraron una inmunidad impositiva absoluta, como surge de su art. 12." (considerando 9°). "...la utilidad nacional asignada a una actividad no autoriza sin más a concluir que la Nación atraiga toda potestad de manera exclusiva o excluyente; la supresión de la jurisdicción provincial debe limitarse a los casos en que ese ejercicio interfiera con la satisfacción del propósito de interés público que la ley nacional reconozca..." (considerando 8°).

"...la actora no ha acreditado de qué manera la pretensión impositiva local frustraría por su incompatibilidad el fin nacional. Sólo se ha limitado a una interpretación dogmática de las normas en que basa su pretensión, lo que resulta insuficiente." (considerando 10).

Sobre el Acuerdo de Saneamiento de 1992: "...toda otra deuda (ya sea que esté o no discutida, determinada o por determinar) que no estuviera contemplada en forma expresa debe entenderse renunciada." Y como la demandada no formalizó reserva expresa (art. 3° de la ley 24.133), "el reclamo... no podrá involucrar deudas anteriores al 31 de marzo de 1991" (considerando 11).