Pescasur S.A. y otro c/ Santa Cruz, provincia de s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-

¿Quién es el actor?

Pescasur S.A. y Viera Argentina S.A. (esta última absorbente por fusión), empresas dedicadas a la pesca productiva de altura en el litoral marítimo.

¿A quién se demanda?

Provincia de Santa Cruz.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1°, 2°, 4° y 5° de la ley 2632 y de los arts. 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del anexo I del decreto reglamentario 17/03, que exigen que la tripulación de los buques esté integrada en un 50% por personal con residencia permanente de dos años en la Provincia y en un 10% por trabajadores sin experiencia (menos de tres embarques o mareas). Se invocó la violación de la ley 24.922 de régimen federal de pesca y de los arts. 8°, 12, 14, 16, 17, 31, 75 incs. 18 y 19, 121, 124 y 126 de la Constitución Nacional. Se solicitó además una medida cautelar de no innovar.

¿Qué se resolvió?

la Procuración General dictaminó que se rechace la demanda. Entendió que, si bien la actora mencionaba una intimación provincial bajo apercibimiento de sumarios, no acreditó con documentación la existencia de un acto administrativo concreto ni de un "acto en ciernes" que habilitara la acción declarativa del art. 322 del CPCCN.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...no demuestran la existencia de algún acto de la autoridad competente, o un hecho administrativo que, con motivo de la reglamentación que impugnan, ponga en tela de juicio sus derechos constitucionales, al menos con el grado de concreción necesaria para la procedencia de este tipo de acción."

"...en tanto, como se dijo, no probaron comportamiento alguno configurativo del requisito del 'acto en ciernes' que pueda válidamente originar una relación jurídica con la demandada..."

"...si no existe demostración del agravio que a las actoras les ocasiona la aplicación de la norma, carece de sentido pronunciarse sobre su inconstitucionalidad..."

"...la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico..."

Se distinguió el precedente "Argenova S.A." (A. 246, L. XXXIX), donde sí se hallaban acreditados los requisitos del art. 322 CPCCN.