PETROQUIMICA CUYO S.A.I.C. c/ CORDOBA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Petroquímica Cuyo S.A.I.C., empresa dedicada a la "fabricación de materias plásticas en formas primarias", con planta industrial fuera de la Provincia de Córdoba.

¿A quién se demanda?

Provincia de Córdoba.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción declarativa de certeza (art. 322 CPCCN) para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley impositiva 10.412 (año 2017), que aplicaba al contribuyente sin establecimiento industrial en la provincia una alícuota del 4,75% del impuesto sobre los ingresos brutos, frente al 0,50% para quienes sí tuvieran planta industrial allí. Se solicitó también medida cautelar, que la Corte hizo lugar.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 10.412 y de la pretensión fiscal fundada en la intimación del 30 de agosto de 2017 (formulario F-904), con costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La acción es admisible porque la conducta estatal (la intimación formal de la Dirección General de Rentas) genera un estado de incertidumbre actual y concreto sobre una relación jurídica (Fallos 310:606 y 311:421, entre otros).

Se remite, por razones de brevedad, a los fundamentos de precedentes análogos: Fallos 340:1480, "Outokumpu Fortinox S.A.", "Caviglio Comercial S.A.", "Kiskali S.A." y "Monsanto Argentina S.R.L.".

Considerando 4°: "la aplicación de la ley impositiva provincial que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar a la actora la actividad ya referida... con la alícuota del 4% o 4,75% o la establecida 'para el comercio mayorista si ésta resultare inferior', obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias."

Considerando 5°: "queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de 'aduana interior' vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12)".

La provincia sostenía que la actora realizaba en Córdoba actividades de comercialización (art. 178, inc. d, Código Tributario) y que se la gravaba con la misma alícuota que a quienes ejercen esa actividad; el Tribunal no acogió esa defensa y consideró inválida la pretensión fiscal.