Frigorifico de Aves Soychu S.A.I.C.F.I.A. c/ Mendoza, provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad.
La Corte Suprema, en instancia originaria, hizo lugar a la acción declarativa promovida por un frigorífico avícola y declaró la invalidez constitucional de los artículos 1º y 3º de la ley 6959 de Mendoza, que establecían un control bromatológico y una tasa sobre productos de origen animal que ingresaban a la provincia. El tribunal entendió que la norma local avanzaba sobre la competencia federal del Código Alimentario Nacional y configuraba una aduana interior, prohibida por la Constitución Nacional.
¿Quién es el actor?
Frigorífico de Aves Soychu S.A.I.C.F.I.A.
¿A quién se demanda?
Provincia de Mendoza.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1º y 3º de la ley 6959 (modificada por ley 8006 y reglamentada por decreto 1216/2009), que establecían un control bromatológico de productos comestibles de origen animal que ingresaban a la provincia y una tasa por ese servicio, pagadera antes de su liberación para consumo.
¿Qué se resolvió?
Hacer lugar a la demanda y declarar la invalidez constitucional de los artículos 1º y 3º citados. Costas a la demandada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"[...] se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la 'percepción' de la tasa que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198)."
"[...] la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta."
El tribunal remitió, por razones de brevedad, a los fundamentos de los precedentes "Logística La Serenísima", "Milkaut", "Molfino Hermanos" y "Sucesores de Alfredo Williner", que resolvieron casos análogos sobre controles y tasas provinciales a productos alimenticios que ingresaban al territorio local.
Se desestimó la impugnación del artículo 19 del decreto 815/1999 planteada por la demandada, por carecer de sustento fáctico y jurídico suficiente para ejercer el control de constitucionalidad.
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