SALAS, EULALIO NEMECIO Y OTROS c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION CAJA DE RETIRO JUBILACIONES Y PENSIONES POLICIA FEDERAL s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 679/97 promovida por personal pasivo de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. La Cámara confirmó la declaración de inconstitucionalidad y la condena al pago de diferencias, pero modificó el punto relativo al procedimiento de cobro e intereses aplicando el art. 22 de la Ley 23982.
¿Quién es el actor?
Salas, Eulalio Nemecio y otros (personal pasivo de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina).
¿A quién se demanda?
Ministerio de Seguridad de la Nación - Caja de Retiro Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción declarativa de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 679/1997 y pago de diferencias previsionales derivadas de la aplicación de dicho DNU.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, confirmando en lo sustancial la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del DNU 679/97, confirmó la aplicación del art. 2 de la Ley 23627 para la prescripción y la condena al pago de las diferencias retroactivas no prescriptas, pero revocó parcialmente el punto I de la parte dispositiva para imponer que el procedimiento de cobro e intereses del capital de condena se rija por el art. 22 de la Ley 23982; asimismo impuso las costas de esta instancia a la demandada vencida y diferió la regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
“Que, mediante sentencia de fecha 21/04/2025, el magistrado de primera instancia resolvió hacer lugar a la acción planteada, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 679/97 y ordenó a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones, limitar el aporte previsional al 8% -conforme Ley 22788. Declaró prescriptas las diferencias devengadas con anterioridad a los 2 años previos a la fecha de interposición de demanda, por aplicación del art. 2, segunda parte de la Ley 23627. Ordenó a las demandadas abonar las diferencias retroactivas que resulten del cálculo por el periodo no prescripto. Fijó tasa de interés. Estableció que se aplique para el procedimiento de cobro e intereses de capital de condena el régimen de orden público consagrado en las Leyes 23928 y 11672.” (considerando 1)
“En lo que concierne al fondo de la cuestión debatida ‘inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 679/1997’ a mi modo de ver, debe confirmarse la decisión adoptada por el juez de primera instancia, por los argumentos dados por ésta Cámara en autos: ‘Galarza Alicia Evangelina c/Caja de Retiros Jubilados y Pensionados de la Policía Federal Argentina s/Contencioso Administrativo - Varios’, Expte N° FCT 868/2023/CA1, de fecha 08 de abril de 2024, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad, que integran la motivación de la presente sentencia…” (considerando 6)
“En cuanto a la crítica sobre la aplicación del procedimiento de cobro del capital e intereses, entiendo que asiste razón al apelante, ya que el magistrado resolvió que debe aplicarse el régimen de la Ley 23928 -ítem 1 de la parte dispositiva del fallo- normativa ajena al caso. Por ello, en ejercicio de la jurisdicción positiva… se procede a ordenar que la cancelación de los créditos a favor del actor se realice conforme lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 23982, norma que regula el trámite para el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra el Estado Nacional, y que tiene carácter de orden público.” (considerando 8)
“Respecto del gravamen sobre la distribución de las costas, entiendo que lo decidido por el sentenciante en materia de costas ha de ser confirmado en tanto ha aplicado el principio consagrado en el art. 68, 1º párr. del CPCCN, imponiendo las mismas a cargo de la vencida, pues la parte actora se vio constreñida a iniciar el presente proceso y la demandada no acreditó la existencia de razones jurídicas suficientes…” (considerando 9)
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; los Dres. Ceroleni y González adhieren al voto de la Dra. Sotelo de Andreau.
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