FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BISCONTIN LINO S/ APREMIO PROVINCIAL

¿Quién es el actor?

Fisco de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Biscontin Lino.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución por apremio del Título Ejecutivo N° 1421509 por $1.276.502,90 en concepto de Impuesto a las Embarcaciones, períodos 2020 a 2024 (cuotas 1 y 2 de cada año).

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora solamente en lo relativo a la distribución de las costas: confirmó la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva y rechazó la ejecución; revocó la imposición de costas de primera instancia a la actora (las distribuye en el orden causado) e impuso las costas de Alzada a la parte actora, diferiendo la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se trata, pues, de un único instrumento emanado del registro público competente, cuya autenticidad fue confirmada por el propio organismo emisor y cuyo contenido no ha sido controvertido ante esta Alzada. El instrumento, por otra parte, es una copia certificada por un funcionario de la Prefectura en ejercicio de sus funciones, esto es, un instrumento público (art. 289 inc. b del Código Civil y Comercial) que hace plena fe, hasta ser declarado falso, de la fidelidad que aquél atestigua respecto del folio original (art. 296 inc. a del mismo cuerpo); de allí que el desconocimiento formulado por la actora -condicionado, en sus propios términos, a que la documental no revistiera ese carácter- no alcanzara a privarlo de eficacia.

Y la conclusión que de él se extrae no exige cadena argumental alguna: basta confrontar la fecha de inscripción de la transferencia (25/10/2006) con los períodos ejecutados (01/2020 a 02/2024, el primero de ellos con vencimiento el 31/03/2020) para advertir que, durante la totalidad del lapso reclamado -y desde más de trece años antes-, el ejecutado no era el titular registral de la embarcación."

"Corresponde, por tanto, hacer lugar al agravio subsidiario en este aspecto y revocar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas de primera instancia a la actora, las que deberán ser soportadas en el orden causado (arts. 68 segundo párrafo, 274 y 556 del C.P.C.C. y 25 de la Ley 13.406)."

Sobre presunción administrativa y alcance del apremio: la Cámara recordó la regla del art. 9 inc. c) Ley 13.406 (limitación a formas extrínsecas) pero sostuvo que la inhabilidad del título o la falta de legitimación pasiva puede admitirse cuando la inexistencia de la deuda o la ajenidad del ejecutado surge de modo palmario de las constancias del expediente. Con esa pauta, valoró el folio certificado de la Prefectura que acreditó transferencia registral en 2006 y concluyó que la identificación nominal del legitimado pasivo no era suficiente frente a constancia registral que muestra la ajenidad manifiesta.

Costas: la Cámara consideró que la omisión del demandado de comunicar la transferencia a la Autoridad de Aplicación coadyuvó a la promoción de la ejecución y, por ello, revocó la imposición de costas de primera instancia a la actora (orden causado) e impuso las costas de la Alzada a la actora, sustancialmente vencida.