ALI PABLO ALEJANDRO c/ GEMSA AUTOMOTORES S.A. s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Pablo Alejandro Alí (DNI 25.735.468).

¿A quién se demanda?

Gemsa Automotores S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos por indemnizaciones laborales (indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, SAC proporcional 1° semestre 2019, vacaciones proporcionales, SAC 2018, remuneración abril 2019), multa art. 1 Ley 25.323, diferencias salariales; asimismo había reclamos rechazados en primera instancia (vacaciones no gozadas y otras multas).

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por la parte actora, confirmándose íntegramente la sentencia ordinaria n.° 342 de fecha 28/11/2022 del Juzgado del Trabajo de la 8ª Nominación. Se impusieron costas y se regularon honorarios de Alzada (ver montos). La condena principal en primera instancia fue por $3.335.466,34, con inclusión de multa art.1 Ley 25.323; la Cámara confirmó las conclusiones de hecho y derecho del a quo y la distribución de costas en la Alzada.

Fundamentos principales de la decisión (transcripción de 2-3 párrafos relevantes y citas textuales importantes, lenguaje original del tribunal):

1) Sobre valoración de la prueba testimonial y documentación:

“En lo concerniente a la valoración de los testimonios que la sentencia deja sentado que ‘corroboran’ el postulado referido a la subordinación económica y a su vez verifican la subordinación técnica y jurídica del actor con la accionada, no comparto la posición de la apelante en su crítica recursiva, por las razones que expongo a continuación. ... Del fallo apelado se desprende que el juez de origen sí ha analizado en forma pormenorizada las tachas que había interpuesto la demandada ... y consideró que eran improcedentes. La disconformidad expuesta en los agravios contra esa decisión no torna al fallo en arbitrario ni en equívoco. ... En este punto, resulta necesario recordar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), al referirse a la valoración de la prueba testimonial, al sostener que ‘…la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia y privativa de los jueces de grado, quienes pueden inclinarse hacia declaraciones que les merecen mayor credibilidad para dilucidar los hechos de que se trate; y tal tarea debe efectuarse respetando las reglas de la sana crítica…’”

2) Sobre la fecha de ingreso/egreso y ponderación probatoria:

“Luego, al determinar la extinción del vínculo, si bien hace mérito de las testimoniales de los Sres. Cano y Torné, quienes ubican al actor prestando servicios con posterioridad a la fecha de la última factura que menciona la apelante, es preciso destacar que además en sus consideraciones el magistrado de grado hace efectivo el apercibimiento del artículo 325 Ley 6.176 al tener por confesa a la demandada en relación a la fecha de egreso consignada en la posición n.° 11 que se transcribe: ‘Jure Ud como es verdad que el Sr Ali prestó servicios para Gemsa desde el 01/10/2007 al 17/05/2019’, atento la falta de asistencia de la demandada a la audiencia de absolución de posiciones a la que fuera debidamente citada. Entonces, resulta coherente la valoración de las pruebas realizadas por el a quo al respecto... Por lo que corresponde confirmar en esta instancia que el acto rupturista de la relación laboral tuvo lugar mediante el telegrama Ley 23.789 del 17/05/2019.”

3) Sobre la multa del art. 2 Ley 25.323 y acumulabilidad con art. 8 Ley 24.013:

“En mérito de esas consideraciones y conforme lo hasta aquí desarrollado, según surge de lo resuelto en la primera cuestión de la presente resolución impugnada se encuentra probado que el actor se encontraba en una relación de trabajo no registrada por la empleadora. ... Por todo lo manifestado, el agravio debe ser desestimado, toda vez que aún cumplidos los recaudos que la parte recurrente menciona, de conformidad a las previsiones del artículo 11 de la Ley 24.013 para la procedencia de la indemnización contemplada en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, la sanción reglamentada por el artículo 1 Ley 25.323 ut supra transcripta, - cuya condena a la demandada llega firme a esta instancia, no es acumulable con las estipuladas en dicha normativa, por lo que no resultaría factible su incorporación a la condena.”

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia contiene voto de la vocal preopinante Dra. María Elina Nazar (extenso fundamento) y adhesión de la vocal segunda Dra. María Beatriz Bisdorff; el acuerdo final declara lo resuelto por mayoría (dos votos).

Montos y fechas relevantes:

Sentencia de primera instancia: 28/11/2022.

Monto condenado en primera instancia confirmado: $3.335.466,34.

Fecha de disolución considerada: 17/05/2019 (telegrama Ley 23.789).

Honorarios de Alzada regulados: por el recurso de la demandada (a favor de los letrados) $623.561,40 y $276.688,50; por el recurso del actor $519.634,50 y $332.026,20. Fecha sentencia de Alzada: 01/08/2024 (n.º sent. 256).