FERNANDEZ PALMA SARA MARIA c/ SALOMON GABRIELA CLAUDIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.

¿Quién es el actor?

Fernández Palma Sara María.

¿A quién se demanda?

Salomón Gabriela Claudia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios (daño patrimonial y daño moral) derivados del incumplimiento del contrato social y conducta desleal de la socia, por exclusión y desplazamiento de la explotación del Colegio Multilingüe Nuevo Milenio.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la demandada y confirmó la imposición de costas a la recurrente (resolución de inadmisibilidad). La sentencia de la Cámara que confirmó la sentencia de primera instancia —que había condenado a la demandada a pagar $668.427,84 por daño patrimonial y $8.000.000 por daño moral, más intereses— no fue objeto de revisión por falta de argumentos casacionales suficientes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como es sabido, la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (...) puesto que, a través de este recurso, no se procura revisar la justicia material de las sentencias de tribunales de grado, sino el restablecimiento del imperio de la ley a través de la correcta hermenéutica por consideraciones de interés público, vinculados con la seguridad jurídica, por sobre los intereses de las partes en un litigio singular."

"En ese orden, cabe destacar que el planteo casatorio carece de los indispensables desarrollos tendientes a poner de manifiesto el error y/o la ilegitimidad de la sentencia en crisis. Se está en presencia de un recurso de casación que, en puridad, se motiva en una mera discrepancia de la recurrente con la resolución del Tribunal de Alzada, sin haber aportado argumentos idóneos para justificar la arbitrariedad de lo decidido (...) la Alzada ha expresado su criterio con apoyo en los hechos y pruebas que estimó relevantes, practicando un análisis circunstanciado al caso."

(Además, la Cámara de alzada razonó sobre la responsabilidad de administradores y la distinción entre acción social e individual, citando doctrina y sosteniendo que:) "En las concretas y particulares circunstancias del caso, a diferencia de lo que arguye la recurrente su responsabilidad no surge solamente como el resultado de la disolución de la sociedad producto de las distintas desavenencias entre sus socias (...) sino que es claro que se ha condenado a la socia demandada en base a lo convenido en la cláusula séptima del contrato social (...) y lo normado por el art. 133 LS -“Un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad...”-, ya que ésta ha ocasionado con su accionar desleal tanto un daño directo a la sociedad como un daño indirecto o reflejo en la socia demandante (...) que en este caso es el daño patrimonial que configura la disminución del valor de su participación en la sociedad (...) y por lo que la Sra. Salomón debe responder (arts. 59 LS). En base a ello, la condena por daño patrimonial resulta ajustada a derecho."