9scar Eugenio Aranda y Otro c/ Capitania de Puertos del Litoral Fluvial

¿Quién es el actor?

Eugenio Oscar Aranda y Angel Leonardo Cuello.

¿A quién se demanda?

Capitanía de Puertos del Litoral Fluvial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

impugnación de la Resolución N° 1-C-89 (y circulares CPLF 01/989 y 12/986 y COP 02/986) que exige un mínimo de 70 jornadas trabajadas para renovar la inscripción de estibadores portuarios, lo que les impidió renovar su habilitación para el período 1990/91. Invocaron los arts. 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional.

¿Qué se resolvió?

se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia que rechazó el amparo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Constitución Nacional no consagra derechos absolutos y que todos los derechos constitucionales se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que, si son razonables, no admiten impugnación constitucional."

Sobre la igualdad: "la garantía de la igualdad sólo comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la República sean tratadas del mismo modo y que las distinciones que efectúe el legislador en supuestos que estime distintos obedezcan a una objetiva razón de diferenciación y no a propósitos de persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas." La norma "establece una exigencia que no se aprecia como de cumplimiento imposible, de consecuencias discriminatorias. Tampoco implica una condición autoritaria carente de relación con la tutela de la actividad portuaria, sino como una condición aplicable a un conjunto de individuos en igualdad de circunstancias."

Sobre el derecho a trabajar: la Constitución "no significa ... asegurar un derecho subjetivo individual a que el Estado le proporcione un trabajo al habitante que se lo solicite." La protección "consiste en un deber genérico del Estado de promover las condiciones sociales y económicas de la comunidad." Las normas impugnadas "lejos de imponer una restricción excesiva, consagran un medio de distinguir al trabajador portuario permanente regular del trabajador 'golondrina', lo cual redunda en la protección del interés colectivo."

"La desigualdad que invocan resultaría de la aplicación de la norma y no de la norma misma, lo cual obsta asimismo a la tacha de inconstitucionalidad."

La cámara había agregado que los actores no agotaron la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo (art. 2°, inc. a, ley 16.986); la Corte no se detiene en ese punto en su fundamentación de fondo.