FIGUEROA CAROLINA RAMONA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

Carolina Ramona Figueroa, agente de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Fisco de la Provincia de Buenos Aires (única parte demandada, según el escrito de inicio).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento y pago de la bonificación por antigüedad liquidada al 3% por todos los años computables, con intereses y valores actuales.

¿Qué se resolvió?

se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 42 de la ley 11.739, 37 de la ley 11.905, 29 de la ley 12.062, 27 de la ley 12.232, 27 de la ley 12.396, 24 de la ley 12.575, 24 de la ley 13.154 y arts. 1 y 2 de la ley 13.354, así como del decreto 240/96; se reconoció el derecho a liquidar la bonificación al 3%, con actualización a valores actuales según la doctrina "Barrios" de la SCBA y tasas de interés fijadas en "Vera", "Nidera", "Ubertalli" y otros precedentes; se impusieron costas a la demandada y se diferió la regulación de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Prescripción: se rechazó la prescripción total. La lesión constituye un hecho continuado que se renueva con cada liquidación mensual, por lo que el plazo corre desde el devengamiento de cada suma. Se ratificó la prescripción parcial de las diferencias anteriores a dos años de la demanda, conforme a la doctrina de la SCBA en "Ledesma".

Inconstitucionalidad: se consideró suficientemente fundada en los arts. 28 de la Constitución Nacional, 11 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial (razonabilidad, igualdad y progresividad en materia laboral). La Cámara entendió que la reducción permanente, sin emergencia declarada ni carácter transitorio, constituye una regresión incompatible con el principio de progresividad, y que los agravios del Fisco no atacaron de manera concreta esos fundamentos.

Reducción salarial: la Cámara rechazó que la inexistencia de un derecho adquirido al sueldo o la naturaleza estatutaria del empleo público legitimen la reducción permanente. Señaló que la reducción no constituye un hecho agotado, sino un efecto que se renueva con cada liquidación.

Igualdad: se confirmó la desaplicación del decreto 240/96, pues extendía la excepción de la reducción a agentes judiciales de nivel 20 que no eran jueces ni tenían su garantía constitucional de intangibilidad.

Precedente "Álvarez" de la SCBA: se desestimó su aplicación por diferencias fácticas y porque en aquel caso no se había declarado la violación de ninguna cláusula constitucional.

Congruencia: se admitió el agravio y se revocó la condena a la DGCyE, que no había sido demandada, por afectación del principio de congruencia y del derecho de defensa.

Actualización: se confirmó el cálculo a valores actuales como preservación del crédito, no como indexación prohibida por la ley 23.928, con remisión a "Barrios" (SCBA, C. 124.096) y "Vázquez Pertierra" (SCBA, B. 64.571).

Costas de Alzada a la apelante; diferimiento de honorarios.

¿Cómo votaron los jueces?

no se registraron votos en disidencia; los Dres. Muñoz y Arias adhirieron a la solución propuesta por la Dra. Martínez, con precisiones sobre la insuficiencia recursiva del Fisco en la parte sustantiva.