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Primera Instancia

NUÑEZ GUSTAVO HORACIO C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

El actor reclamó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente derivada de un accidente de trabajo sufrido el 25/01/2024, con el adicional del art. 3 de la ley 26.773 frente a la ART. El Tribunal del Trabajo de Tandil hizo lugar a la demanda, fijando una incapacidad parcial y permanente del 10,53% y condenando a la aseguradora al pago de $15.637.981,88, con intereses por mora, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad del cálculo ajustado por RIPTE.

Fecha de la sentencia
Tribunal
TRIBUNAL DEL TRABAJO - TANDIL
Fuero
TRIBUNAL DE TRABAJO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
23926
Accidente de trabajo Incapacidad laboral permanente Ley 24.557 Ley 26.773 Aseguradora de riesgos del trabajo Ingreso base mensual Ripte Pericia medica Inconstitucionalidad Intereses por mora.

¿Quién es el actor?

NUÑEZ, GUSTAVO HORACIO, capataz general de instalación y mantenimiento de la COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TANDIL LTDA.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ART S.A., aseguradora de riesgos del trabajo de la empleadora, que reconoció la afiliación vigente y su intervención ante el siniestro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

prestación dineraria por incapacidad laborativa permanente prevista en el art. 14 inc. 2) de la ley 24.557 y el adicional del art. 3 de la ley 26.773, por un accidente ocurrido el 25/01/2024 cuando un fragmento de una linga de acero se incrustó en su ojo izquierdo. La Comisión Médica había fijado 4,5% de incapacidad y el actor recurrió ante el Tribunal.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la acción. Se tuvo por acreditado el infortunio laboral y una incapacidad parcial y permanente del 10,53%, según la pericia médica de la Dra. Pizzella, que se consideró decisiva por ser realizada por perita designada por sorteo, imparcial y objetiva. Se tuvo por acreditado un IBM reajustado por RIPTE de $698.974,96 (reajustado a $1.820.410,30). Se rechazó la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, de la Res. 1039/19 y de la Res. 332/23 (y el planteo de división de coeficientes con base en el fallo "Barrios"), por no resultar aplicables o por no corresponder, con cita de precedentes de la SCBA. Se fijó la condena en $15.637.981,88, con intereses por mora conforme el art. 12 inc. 3) de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), y costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"si bien el informe pericial médico carece de efectos vinculantes, no cabe duda que constituye el elemento de prueba más idóneo para establecer el origen y la etiología de la dolencia, por lo que el apartamiento de sus conclusiones debe responder a motivos razonables y científicamente fundados".

En cuanto a la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del Decreto 549/25, "dicho planteo resulta extemporáneo en razón de encontrarse el citado decreto vigente al momento de realizarse la pericia en autos y practicada la misma no fue impugnada por su parte (art. 9 ley 26.773)".

"La declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico".

"No debe olvidarse que el sistema legal de reparación de los infortunios laborales prevé un mecanismo propio de reajuste por Ripte y tasa activa de interés con pisos mínimos actualizados semestralmente a través de la SRT".

Respecto del fallo "Barrios", se consideró que "no constituye doctrina legal en el caso de autos" conforme lo resuelto por la SCBA en "Díaz Leuzzi" (Res. RR-421-2025).

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