DE LA TORRE PATRICIA GABRIELA C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA BS AS Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

Patricia Gabriela De la Torre, empleada pública de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires; Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a que la bonificación por antigüedad se liquide al 3% sobre la totalidad de los años de servicio, con declaración de inconstitucionalidad de las normas que establecieron porcentajes inferiores o los eliminaron, con pago retroactivo, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho a la bonificación por antigüedad en el 3% conforme a los alcances de la prescripción parcial, con actualización a valores actuales al momento de aprobarse la liquidación e intereses al 6% anual hasta la fecha de determinación del valor actual y, luego, la tasa pasiva del Banco Provincia. Impuso costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Para que el Estado pueda reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (citando CSJN, "Guida" y "Müller").

"Por lo tanto, si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada." (art. 39 inc. 3 Const. Pcial., principio de progresividad y no regresividad).

"no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales" (SCBA, "Bernal de Palacio"; "Álvarez"), al haberse exceptuado por el decreto 240/96 a todo el personal del Poder Judicial con nivel salarial 20, y no solo a los magistrados, lo que el Tribunal consideró inconstitucional por violar la cláusula de igualdad.

Respecto de la prescripción, se rechazó la prescripción total por tratarse de hecho continuado, y se declaró prescripta parcialmente la deuda anterior a los dos años de la demanda o reclamo administrativo, conforme la doctrina de la SCBA en "Ledesma" y el art. 62 DL 9650.

Se rechazó extender la condena a la Caja de Retiros por no haber sido demandada en forma efectiva en la defensa, al tratarse de un organismo autárquico cuya intervención no puede suplirse con la de la Administración Central.